Ciudadanos confinados en sus casas sin poder moverse libremente, Gobiernos que declaran estados de emergencia sin debate previo, países que antes exigían enormes garantías de privacidad a las plataformas digitales y ahora se plantean la vigilancia ciudadana mediante la tecnología.
La epidemia del coronavirus ha provocado una respuesta sin precedentes por su carácter global para tratar de contener una crisis que no es solo sanitaria, sino también económica y social. Al mismo tiempo, ha desatado las alarmas de las organizaciones que velan por el respeto de las libertades, especialmente la de expresión, y que ven cómo, en aras de la protección ciudadana, se están cercenando derechos que pueden llegar a ser muy difíciles restaurar. ¿Puede convertirse la libertad de expresión en otra víctima más de la COVID-19?
También depende del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y sobre los medios para protegerse a uno mismo, a nuestra familia, y a nuestra comunidad”, recordaron en marzo, cuando empezaron a promulgarse leyes de emergencia en todo el mundo, los relatores para la libertad de expresión de Naciones Unidas, de la OSCE y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
RSF acaba de lanzar Tracker-19, un “observatorio” en línea para “evaluar el impacto de la pandemia en el periodismo” y documentar, ahí donde se produzca, la “censura estatal y la desinformación deliberada, así como su impacto en el derecho a una información y noticias fiables”. Su nombre hace referencia a la enfermedad que causa pánico en todo el mundo, la Covid-19, pero también al artículo 19 sobre la libertad de expresión de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“Estamos viendo una cantidad sustancial de medidas de emergencia que en muchos países están teniendo un impacto en la libertad de expresión”, advierte desde Londres David Díaz, director de programas de la organización Artículo 19. Y no se trata solo de países habituados a ejercer la censura como China o Irán. “También las democracias están votando leyes para limitar o atacar a la prensa, incluso en Europa vemos un deterioro, no solo en la Hungría de Viktor Orbán, también Eslovenia ha sido muy vigorosa en sus ataques a los medios”, recuerda Adès-Mével. “Y ya hemos visto cómo [Pedro] Sánchez ha dicho que la ley mordaza se va a poder aplicar en cuanto a respeto a la autoridad de los agentes del orden. No es algo puntual, lo estamos viendo por todos lados”, insiste Díaz.
Muestra de la preocupación de las organizaciones que velan por las libertades es la multiplicación de herramientas para monitorizar la situación. Al igual que RSF, también Index on Censorship, una organización sin ánimo de lucro que defiende la libertad de expresión en todo el mundo, ha lanzado un “mapa mundial de la libertad de medios” que registra los ataques a la prensa desde que comenzó la epidemia de coronavirus.
Mientras, bajo el lema de que la Covid-19 es “una amenaza para la salud pública pero no debe serlo para las libertades cívicas”, el International Center for Not-for-Profit Law (ICNL), en colaboración con la ONU, vigila las “respuestas de los Gobiernos a la pandemia, especialmente las leyes de emergencia, que afectan a las libertades cívicas y los derechos humanos”. Privacy International, especializada en el derecho a la privacidad, reporta por su parte los “niveles sin precedentes de vigilancia, explotación de datos y desinformación” que provoca el coronavirus en todo el mundo.
Si hay tanta inquietud es porque puede que la epidemia del coronavirus no tenga precedentes en la historia reciente, pero sí lo tiene la tentación de recortar libertades luego difíciles de recuperar.
“Lo hemos visto antes, esos procesos de normalización de medidas excepcionales ya los tuvimos con el 11-S”, recuerda Díaz. Todo ello cuando “las leyes internacionales prevén situaciones de emergencia y cuáles son sus limitaciones”, subraya.
“Es normal que el Estado tenga poder para limitar ciertos tipos de libertad de expresión en algunas categorías, pero el listón [normativo] es altísimo y lo que estamos viendo en esta crisis es que se están utilizando conceptos vagos, leyes que son para otros temas, como las antiterroristas. Faltan elementos de control”, lamenta el experto.
Fuente: El País
