La Fiscalía del Distrito Nacional y miembros de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) interrogaron por varias horas al destituido subdirector de Gestión Institucional del Instituto Nacional de Asistencia Integral Para la Primera Infancia (INAIPI), Juan López.
Los interrogatorios forman parte de la investigación que realiza el Ministerio Público respecto a irregularidades cometidas en el INAIPI durante el proceso de licitación para la compra de 40 mil kits alimenticios durante el actual período de cuarentena por el coronavirus.
El Ministerio Público indicó que López, quien además fungía como presidente de la Comisión de Compras del INAIPI, durante varias horas estuvo respondiendo preguntas respecto al proceso de contratación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002, que hizo esa institución del Estado.
El destituido funcionario ofreció detalles sobre las razones que motivaron la convocatoria de la indicada licitación, así como de su posterior cancelación.
Alegó que en un principio estuvo opuesto al proceso de licitación, debido a que el INAIPI no estaba incluido en el Decreto para compras de emergencia.
El órgano del Sistema de Justicia adelantó que en los próximos días seguirán los interrogatorios a otros miembros de la comisión de licitación, en el marco de la investigación de este caso en el que se busca determinar la existencia o no de hechos violatorios de las leyes en el citado proceso de contratación, llevado a cabo por el INAIPI.
Se recuerda que el empresario Pablo Cabrera, director de la compañía La Z, S.R.L., días atrás realizó una denuncia pública a través de un programa televisivo, en la que indicó la grave manifestación de actos de corrupción que presuntamente estaban aconteciendo en el referido proceso.
A raíz de lo que, el pasado viernes, el Ministerio Público recibió sus declaraciones formales respecto a este hecho.
El Ministerio Público señaló que de comprobarse las irregularidades en los hechos denunciados, las cuales constituirían una violación a la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, los funcionarios involucrados podrían enfrentar sanciones penales, en adición a la cancelación de sus cargos.
