Caracas,(EFE)-.El Gobierno de Venezuela incrementó este sábado el control de los precios de los alimentos con una gran campaña de inspección en mercados de todo el país que tiene el fin de “contener la especulación”, una medida que se une a la supervisión decretada de Alimentos Polar, la mayor empresa del sector.
El vicepresidente económico, Tareck El Aissami explicó en una intervención televisada que se trata de un “plan nacional de fiscalización para contener la especulación criminal de algunos sectores que han pretendido desestabilizar y perturbar la cuarentena” que vive el país para contener la expansión del COVID-19.
Detalló que es un despliegue a lo “largo y ancho de Venezuela y que busca “garantizar el derecho fundamental a la alimentación y fortalecer el aparato productivo” dentro de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, nombre de un plan gubernamental puesto en marcha en 2016.
Por ahora, esta vigilancia se centrará en mercados municipales y las principales cadenas de comercialización de alimentos, detalló el vicepresidente.
CUATRO EMPRESAS INTERVENIDAS
Estas medidas han sido puestas en marcha por el Gobierno de Nicolás Maduro un día después de que se anunciara la supervisión de las ventas de Alimentos Polar, que forma parte del conglomerado de Empresas Polar, así como de Plumrose, empresa dedicada a la producción de embutidos, y un matadero de Turmero, en el céntrico estado Aragua.
También fue ocupada durante 180 días prorrogables la empresa Coposa, dedicada a la producción de productos oleaginosos.
El anuncio lo hizo el viernes la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien aseguró que la medida tiene como objetivo que “se preserven y se respeten los precios acordados de los productos que se están fabricando y determinar los receptores de estos productos”.
El Aissami agregó este sábado que todas estas acciones tienen como objetivo reparar “los factores de distorsión” que a su juicio había en los precios de los productos en las últimas semanas.
Sobre Coposa, El Aissami dijo que, tras su ocupación este viernes, comenzó la venta de sus productos al sistema de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP, programa gubernamental), así como “al sistema de cadenas privadas de comercialización de alimentos” tras haber cometido “especulación o negación de venta de algunos productos”.
El organismo encargado de las supervisiones es la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), ente que depende del Ministerio de Comercio.
ACUSA A LAS EMPRESAS DE VIOLAR LA LEY
“Informamos que lamentablemente hay algunos sectores oligárquicos, enfermos de COVID-19 en sus mentes, que pretenden violar la ley. Estos grandes monopolios especuladores golpean directamente a los pequeños comerciantes, que son los que colocan sus productos”, dijo El Aissami.
El vicepresidente hizo hincapié en que van “a seguir vigilantes y con medidas de venta supervisada con estos que se resisten a asumirla”.
Aunque no dio más detalles, horas antes de la intervención del ministro, Alimentos Polar rechazó en un comunicado la medida del Gobierno que calificó de “arbitrarias”.
“No hay ninguna justificación para esta medida arbitraria. A pesar de toda la situación económica que enfrentamos (…) seguimos produciendo y distribuyendo alimentos de calidad ajustados a la realidad económica y cumpliendo con el país conforme a las leyes”, dijo el presidente ejecutivo de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza.
PRECIOS REGULADOS
El Aissami remarcó una medida que entrará en vigor la próxima semana, la publicación de una lista con precios acordados de algunos alimentos.
“El lunes, con la industria y las cadenas de distribución, acordaremos los precios que permitan acceder al pueblo a la alimentación. Vamos a escuchar a las fuerzas productivas y abordar soluciones. Lo que no vamos a permitir es que se siga permitiendo golpear a la familia venezolana”, dijo.
El gobierno venezolano comenzó hace años a regular los precios donde los precios de productos como la harina de maíz, el papel higiénico, el jabón o el arroz.
La Ley de Precios Justos, bajo la que el Ejecutivo se ampara, es de 2015 pero durante el año pasado el control fue más laxo en un país que comenzó a vivir un proceso de hiperinflación en noviembre de 2017, si bien se ha aligerado en los últimos meses.
Lo grandes controles, usualmente realizados por la Sundee y las fuerzas policiales, han sido constantes desde la aprobación de la ley, pero la última y más contundente fue en 2018.
Las grandes bajadas de precios obligadas dieron entonces paso a colas y disturbios en el país, así como a un posterior desabastecimiento.
