El diario La Prensa de Panamá reproduce el artículo escrito por la periodista Nuria Piera en N Digital y sobre el amplio reportaje hecho en el programa Nuria Investigación Periodística sobe irregularidades en la licitación hecha por el Ministerio de Defensa para la compra de 88 termómetros corporales para ser usados en operativos contra el COVID 19.
A raíz de esta denuncia periodística, el Ministerio de Defensa suspendió la licitación que beneficiaba a la empresa DeKolor, propiedad de Rogelio Oruña, muy conocido por realizar negocios en gobiernos de Panamá y República Dominicana. La licitación inició con 16 millones de pesos y terminó con más de 19 millones.
A continuación el artículo del diario La Prensa, titulado: “Rogelio Oruña y los negocios con olor a negociados”
Hacer negocios en tiempos de pandemia no es solo una gran oportunidad en Panamá. También lo es en muchos otros países, donde empresarios y políticos se han unido para sacar provecho a la crisis sanitaria. Un viejo conocido en Panamá -que desapareció del escenario político inmediatamente después de que Ricardo Martinelli terminó su periodo presidencial (2009-2014)- reapareció en República Dominicana: el norteamericano Rogelio Oruña.
Fiel a su costumbre de hacer negocios -siempre con un fuerte olor a negociados-, Oruña intentó, a través de una empresa registrada en la isla, vender termómetros al Ministerio de Defensa de República Dominicana, país en el que ya había hecho negocios antes de trasladarse a Panamá. Sus ganancias, como siempre, serían desproporcionadas, y por ello fue objeto de un reportaje hecho por la periodista de investigación dominicana Nuria Piera.
La presentadora de televisión ya conocía a Oruña de antes. En 2004, su empresa DeKolor, fue objeto de otro reportaje por irregularidades en una licitación para prestar el servicio de licencias de conducir. La capacidad de Oruña para hacer negocios poco ortodoxos es notoria. Se trata de un personaje envolvente, simpático, emprendedor y espléndido en sus dádivas -para lo cual, obviamente, es necesario contar con el abundante dinero que sus negocios con gobiernos le proveen- y así obtener lo que busca.
El viejo amigo Oruña
En Panamá, sus amistades se podían medir por el poder político que tenían o al que podían tener acceso. Por ejemplo, uno de sus amigos era el hoy fugitivo Adolfo Chichi De Obarrio, el entonces secretario privado de Martinelli. Oruña estuvo presente en primera fila en la ceremonia y en la apoteósica fiesta de boda del entonces funcionario.
De Obarrio quizás pretendía emular un poco a Oruña. Se convirtió en un entusiasta de emprendimientos perfectamente inexplicables e invisibles, pero que le permitieron amasar una pequeña fortuna. En 2009, antes de convertirse en la mano derecha de Martinelli, Chichi no era más que otro muchacho del montón. Acopió más experiencia en fiestas y en pachangas que en cualquier otro campo. De hecho, apenas ganaba para sus gastos: mil al mes. Y con denodados esfuerzos, había acumulado ahorros que sumaban 4 dólares y 11 centavos en su entonces única cuenta bancaria.
Si bien De Obarrio podría explicar el origen de cada centavo de esos 4 dólares, otra cosa es explicar su abultado patrimonio cuando dejó su cargo en la Presidencia de la República: 4.7 millones de dólares. Tenía 15 cuentas de ahorro -locales y extrajeras- con saldo de 700 mil dólares; pagó más de medio millón de dólares de gastos con sus tarjetas de crédito; compró lingotes y monedas de oro; un apartamento de 900 mil dólares en San Francisco, y una casa de playa de 400 mil dólares. Todo ello con un salario que no llegaba a los 5 mil dólares al mes.
¡Ah!… y su boda. De Obarrio se gastó en esta 200 mil dólares, con la presentación de costosos artistas dominicanos, y en la que su amigo Oruña -y otros cientos de invitados- bailaron, comieron y gozaron en una fiesta inolvidable. Lo dicho: el expertise de De Obarrio era la juerga, que le permitió relacionarse con otros iguales a él, y que, a su vez, lo catapultaron a una posición de relevancia gubernamental.
Ese era el círculo de Oruña: jóvenes con acceso directo al poder, muchos de ellos amigos íntimos de los hijos de Ricardo Martinelli, incluso, algunos nombrados en el Ministerio de Salud, donde una empresa –IBT Group-, para la que Oruña hizo lobby, abriéndole las puertas del poder, obtuvo multimillonarios -pero muy cuestionados contratos- para construir facilidades hospitalarias, algunas inconclusas aún, luego de diez años de haberse adjudicado los contratos.
Por entonces y ahora, IBT Group ha gozado de una reputación igual o peor a la de su antiguo lobista, el amigo Oruña, quien, en 2012, concedió la única entrevista que dado a este medio. Lo hizo en las oficinas de IBT en Panamá. En esa ocasión describió su rol para IBT: “Soy la persona encargada de IBT en Panamá… Me pueden decir que soy el presidente, soy la autoridad máxima de la empresa en Panamá. Tengo un contrato de asociación con ellos [IBT] y dentro de mis responsabilidades está ver todo lo que pasa en IBT en Panamá”.
Los termómetros
Pues bien, Oruña, además del negocio de licencias de conducir, lobby y el cultivo profesional de amistades con poder, también ha incursionado en el ramo de la salud. Construyó para el gobierno de Martinelli el primer Minsa-Capsi, casi al doble del monto adjudicado, un campo que le habría servido para sus posteriores negocios con IBT, cuyos contratos en Salud y fábricas de asfalto llegaron en ese gobierno a más de 425 millones de dólares… y siguió subiendo posteriormente.
Ese contacto con la salud pudo haberlo motivado a ofrecer sus termómetros al Ministerio de Defensa de República Dominicana, con motivo de la pandemia del Covid-19. Según los papeles de la licitación, citados por la periodista Piera, la empresa vinculada a Oruña -DeKolor- pretendía vender 88 termómetros corporales (cámaras térmicas) de una marca específica, y 15 confiscope, un aparato que, según corroboró la presentadora, sirve para hacer pruebas rápidas de dengue.
El Ministerio de Defensa dominicano calculó que el precio de referencia para cada cámara térmica del modelo solicitado era de 168 mil pesos (poco más de 3 mil dólares), mientras que los confiscope los tasó en 160 mil pesos (unos 2 mil 900 dólares). En total, la licitación era por aproximadamente 17 millones de pesos (310 mil dólares).
La periodista solicitó una cotización de los equipos requeridos por los militares. Resultado: con transporte, impuestos, arancel y un beneficio del 30%, cada termómetro se cotizó en 52 mil 269 pesos (95 dólares), es decir, unas 30 veces menos que lo que iba a pagar el Ministerio de Defensa dominicano.
Para colmo de males, ese equipo no era para usar en personas. De hecho, estaba recomendado para ayudar a “detectar con precisión posibles averías y realizar las reparaciones correspondientes”… en “aplicaciones comerciales de electricidad… climatización…”. Pero ni cuando se lo advirtieron a los militares hicieron caso.
La periodista, al comunicarse con la empresa que representa en República Dominicana la marca de los termómetros solicitados, le pidieron que se comunicara directamente a la fábrica. Y resulta que en cartas que envió el fabricante al Ministerio de Defensa, se advertía que “esos [termómetros] no eran el modelo de equipos para detectar temperatura corporal y que el precio promedio era de unos 36,000 [pesos dominicanos o 650 dólares], por lo que no entendía por qué habían estimado un precio tan elevado…”
La empresa dominicana representante de la marca de esos termómetros presentó una oferta y perdió. Los sobres con los precios no se abrieron frente a los oferentes, por lo que nunca supo cuáles eran los precios de la competencia. Lo que sí supo fue el resultado: DeKolor -la empresa de Oruña- ganó la licitación con un precio aún mayor -361 mil dólares- que el establecido por el Ministerio de Defensa: 310 mil dólares.
Pero la alegría duró poco. Después del escándalo, el Ministerio de Defensa de República Dominicana canceló el acto público. Tras el reportaje de la periodista y el enojo colectivo, los militares encontraron que la licitación de los termómetros adolecía de “debilidades administrativas”, aunque las dolencias de esta licitación parecen ser mucho más serias que una simple debilidad.
Como se ve, pues, mientras en Panamá eran ventiladores que se iban a pagar con sobreprecios de hasta un 900%, en República Dominicana ocurría algo similar con la empresa de Rogelio Oruña, un viejo conocido del poder, quien ofreció un producto con sobreprecios que oscilaban en el mismo porcentaje de sobrecosto. Negocios con olor a negociados.
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