Río de Janeiro, EFE.- Organizaciones de la sociedad civil en Brasil, lideradas por Amnistía Internacional (AI), exigieron este martes explicaciones por irregularidades registradas durante operativos policiales realizados en favelas de Río de Janeiro, que han dejado 14 muertos en tan solo cuatro días.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos criticaron que se efectúen este tipo de acciones en plena época de pandemia y exigieron que los hechos sean investigados con “rigor e independencia”.
Una de las operaciones más recientes tuvo lugar el lunes en la favela de Salgueiro, ubicada en el municipio de Sao Gonçalo, en la región metropolitana de Río, donde un adolescente de 14 años murió tras ser baleado.
El menor recibió un disparo mientras se encontraba en su casa y apareció muerto horas después en el Instituto de Medicina Legal, luego de ser trasladado con vida en un helicóptero por las autoridades.
Su cuerpo sin vida fue enterrado este martes en un cementerio de Sao Gonçalo, en medio de la indignación y tristeza de familiares y amigos.
El pasado viernes otras 13 personas murieron en el Complexo do Alemao, un deprimido complejo de favelas del norte de Río, durante una acción policial que generó denuncias de la comunidad por abusos de las fuerzas del orden.
Según los moradores, además de utilizar armas de alto poder como granadas, los policías invadieron residencias a la fuerza, golpearon a algunos moradores y algunos hasta robaron los mercados donados a la población más pobre.
Los hechos han causado conmoción en las comunidades ya que además de los actos violentos y los muertos que ocasionaron, se dieron durante el aislamiento social decretado para evitar la propagación del COVID-19, un virus que puede desplegarse con más rapidez en las favelas por el hacinamiento que se vive en estas barriadas.
Los operativos, además de obstaculizar actividades asistenciales de emergencia “socavaron las medidas de protección adoptadas por los residentes de la comunidad”, aseguraron Amnistía Internacional (AI), Justiça Global y el Colectivo Papo Reto, en la misiva.
De acuerdo con Jurema Werneck , directora ejecutiva de AI en Brasil, las operaciones policiales deben seguir “estándares de respeto por la vida y la seguridad de las personas”, pero en medio de la pandemia “el Estado de Río de Janeiro se hace presente en las favelas del Estado, llevando violencia y muerte”.
Por eso, las organizaciones exigieron que la policía “solo realice operaciones cuando tenga la garantía total de que las vidas de todos los residentes están protegidas”
“El uso excesivo de la fuerza policial, incluido el uso innecesario de la fuerza letal, pone en peligro los derechos humanos de todas las personas, incluida la de la propia policía, y debe ser seriamente controlado por todas las autoridades responsables de la seguridad pública”, puntuaron.
Cifras oficiales señalan que las muertes provocadas por la Policía representaron el 30,34 % de todas las muertes violentas en Río el año pasado, es decir que, de cada tres homicidios en este estado, uno fue provocado por agentes del orden.
Durante 2019 fueron registrados 1.810 casos un 18 % más que los ocurridos en 2018, según datos del Instituto de Seguridad Pública de Río.
La criminalidad en Río de Janeiro aumentó considerablemente tras los Juegos Olímpicos de 2016, lo que obligó al Gobierno a autorizar una intervención militar en 2018.
Aunque las cifras han disminuido, organizaciones defensoras de derechos humanos han criticado las políticas de seguridad pública adoptadas por la actual administración regional para frenar la violencia.
Witzel, un exjuez y exfusilero naval, ha legitimado públicamente la letalidad policial contra delincuentes en las favelas y defiende que francotiradores de elite abatan a criminales que porten fusiles e incluso que los uniformados puedan disparar contra las barriadas desde helicópteros.
