Santo Domingo
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aseguró este domingo que ninguno de los funcionarios del Gobierno, incluyendo a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, que a la vez con candidatos a diferentes cargos en las elecciones del 5 de julio hayan violado ley alguna.
De esta manera, el PLD sale al frente la solicitud que hiciera el Partido Revolucionario Dominicano (PRM) ante la Junta Central Electoral, para que ese organismo sancione a decenas de funcionarios que supuestamente se prevalecen de sus cargos para realizar proselitismo a su favor.
En un documento de prensa, el partido oficialista afirmó que todos los “compañeros miembros del PLD y de partidos aliados” que son funcionarios o empleados públicos y que ostentan candidaturas, se encuentran suspendidos de sus funciones desde el día en que sus candidaturas fueron admitidas por la Junta Central Electoral, por lo que no hay violación alguna en este sentido.
“El único caso en el que una candidata continúa en sus funciones públicas es la vicepresidenta de la República, y ello así porque de acuerdo al párrafo II del artículo 139 de la Ley del Régimen Electoral, se exceptúan de estas disposiciones de suspensión de funciones aquellos casos que, al momento de la aceptación de su candidatura, ocupen cargos electivos”, dijo el PLD.
Agregó, que la vicepresidenta del país no se ha prevalecido de su condición para realizar manifestaciones o actividades de carácter proselitista.
“En vista de todo lo anteriormente expuesto, ninguno de los 93 compañeros, cuyas candidaturas a distintos niveles de elección han sido admitidas por la JCE, ha incurrido en violación a la ley, sostuvo la formación en el poder.
La organización recordó que lo que las leyes de Régimen Electoral y de Función Pública prohíben es que no podrán utilizarse las instituciones u órganos del Estado para desde ellos promover candidatos o partidos a cargos de elección popular.
El PLD destacó que es al PRM a quien le corresponde “probar concretamente” quién, cómo, cuándo, dónde y de qué manera ha hecho un uso indebido de los recursos públicos en actividades proselitistas a favor de la campaña electoral.
El viernes pasado, el PRM depositó un documento ante la JCE exigiendo sanciones para un grupo de 97 funcionarios que presuntamente se prevalecen de sus cargos, para realizar campañas y proselitismo a favor propio y del PLD.
La formación opositora dijo que la ley de Régimen Electoral dispone para esos “delitos electorales” prisión correccional de tres meses a un año y multa de hasta cinco salarios mínimos del sector público.
