Sinatrae denuncia 40 enfermeras del 9-1-1 tienen COVID-19 y no reciben equipos de protección

Por: Joel Suriel

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), reveló este domingo que más de 40 enfermeras y técnicos de transporte sanitario que laboran para el Sitema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 se han contagiado con el coronavirus o COVID-19, enfermedad que ha cobrado la vida de cerca de 500 personas en la República Dominicana.

El secretario general del referido sindicato, Julio Cesar Garcia Cruceta, dijo que las autoridades de ese sistema han violado los protocolos de bioseguridad y no le han entregado equipos de protección personal a los trabajadores. García Cruceta también denunció que una vez están contagiados, estos trabajadores de la salud son negados del derecho de reclamar que el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales  (Idoppril) les cubra su seguro laboral.

“La Dirección de Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud Pública les niegan los formularios de reportes de sus contagios, por lo que Idoppril no puede atender esos casos porque no les llegan, por lo que demandamos que procedan a llenar las fichas de los reportes”, denunció el secretario de Sinatrae.

Advirtió que de persistir la actual situación con los contagios del personal de salud, Sinatrae procederá judicialmente en los tribunales.

Reiteradamente, ese gremio de la salud ha realizado críticas al Gobierno por su accionar durante la pandemia del coronavirus, llegando incluso a afirmar que las autoridades no han escuchado y aceptado recomendaciones de entidades como el Colegio Médico Dominicano y Sinatrae.

“El Gobierno ha persistido en la comisión de errores en el manejo de la crisis sanitaria, con lo cual aleja cada día más las posibilidades de aplanar la curva de contagio y de esta forma se prolongará por más tiempo la parálisis del país”, dijo García Cruceta.

Los desaciertos cometidos por las autoridades sanitarias, según la institución, incluyen la negativa a la masificación de las pruebas diagnósticas para detectar el virus, privatización de las pruebas, el no seguimiento y poca supervisión del aislamiento de los ciudadanos positivos al COVID-19.