Por: Edgar Raffa
Los candidatos presidenciales de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo prometen aplicar una serie de medidas de claridad en las acciones gubernamentales de la administración pública y luchar contra la corrupción, en caso de obtener la victoria el próximo 5 de julio.
El tres veces presidente de la República, Leonel Fernández, dice fomentará el control en la administración pública, mientras que el líder perremeísta, Luis Abinader, resalta en sus propuestas acciones de control interno e impulsar una legislación anticorrupción. El candidato oficialista, Gonzalo Castillo promete dar continuidad a los mecanismos de transparencia del gobierno y foltalecerlos.
Leonel Fernández
Mediante su programa llamado “Siete Pilares Para Una Nueva Ola de Transformaciones En La República Dominicana”, Fernández, dice que reformará ciertos aspecto de la administración pública que permitan detectar anomalías.
El ex mandatario sostiene que para ello es necesario fortalecer la aplicación del régimen disciplinario contenido en la Ley Núm. 41-08, así como en las leyes sobre carreras administrativas especiales y otras leyes que regulan el ejercicio de la función administrativa. Dotar de mayores recursos económicos, humanos y técnicos a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, para cumplir con sus atribuciones; así como ampliar estas competencias, en acuerdo con las necesidades que surjan de la implementación de este plan de gobierno. Implementar un sistema de supervisión y vigilancia permanente sobre los servidores públicos con relación a régimen de incompatibilidades, según la función administrativa en que se desempeñen.
También propone diseñar y poner en ejecución programas académicos sobre ética y transparencia, que deberán ser cursados de manera obligatoria por todos los servidores públicos del gobierno central, a través del Instituto Nacional de Administración Pública.
Además, promover la actualización del Código Penal Dominicano, mediante el proyecto de reforma que tipifique los beneficios económicos provenientes de operaciones en una entidad pública, el tráfico de influencias, la recepción ilegal de beneficios, la corrupción pasiva y las concesiones de ventajas a terceros; Fomentar los mecanismos existentes de control social de la actividad administrativa, tanto previo como posterior, especialmente pero no limite consensuar una directriz o protocolo para regular las compras de urgencia y durante emergencias, promoviendo un mayor control de la sociedad cuando la legislación se torna más flexible.
Crear un registro oficial de auditores privados independientes y reglamentar el proceso para que auditen obras, contratos y procesos públicos, bajo pedido de la sociedad civil, en supuestos determinados.
Luis Abinader
Por otro lado, el candidato del opositor PRM, Luis Abinader, en su propuesta “El cambio que Viene”, resalta acciones de control interno, a observar con mayor rigurosidad las acciones de las compras y contrataciones e impulsar una legislación anticorrupción.
De acuerdo con lo expuesto por Abinader, para llevar a cabo su propuesta, se trabajará en transparentar la gestión de las entidades gubernamentales publicando los soportes de cada autorización de pago, auditar las instituciones públicas por parte de la Contraloría de manera semestral, con equipos de auditoría rotativos.
Asimismo, de manera aleatoria se utilizarán empresas de auditoría del sector privado para confirmar el resultado de la CGR y garantizar la publicación íntegra de los hallazgos que soportan las auditorías.
“Limitar la discrecionalidad en la toma de decisiones del Ejecutivo, mediante Leyes de Silencio Administrativo Positivo. Contratar consultorías internacionales especializadas en asesoría anticorrupción, para identificar e implementar planes de intervención. Establecer mecanismos de protección y confidencialidad de las denuncias hechas por empleados públicos y ciudadanos, sobre prácticas antiéticas en las instituciones públicas Creación de un sistema de copias de seguridad de todas las comunicaciones oficiales, así como establecer la obligación de que toda comunicación oficial sea a través de este”, define el programa de gobierno del PRM.
Abinader indica que se deberá autorizar por ley que las instituciones públicas puedan ser auditadas por auditores independientes debidamente calificados para ello, por iniciativa popular a través de un procedimiento previamente establecido.
También un eventual gobierno del partido opositor crearía por ley que las obras públicas podrán ser auditadas por firmas independientes a iniciativa popular.
Para enfrentar la corrupción el PRM se propone impulsar una ley de Regulación de Procedimientos de Control y Fiscalización de las Cámaras Legislativas y otra de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, con sanciones a las violaciones de las leyes del sistema Integrado de administración financiera.
Gonzalo Castillo
El aspirante del oficialismo, Gonzalo Castillo, plasma en su programa bautizado con el lema “Más oportunidades para todos ¡A trabajar” dar continuidad a los mecanismos de transparencia actuales y garantizar la calidad del gasto público.
Castillo promete además, implantar un nuevo modelo de gestión pública que se sustente en los principios de control, responsabilidad y efectividad, permitiendo optimizar los resultados de la inversión del Estado, eliminando la rigidez y la ineficiencia en los procesos administrativos y manejo de la cosa pública.
“Reforzar en toda la administración pública los mecanismos de sostenibilidad para los proyectos y programas de inversión en marcha, preservándolos ante acciones disruptivas y garantizando la continuidad en el Estado. Incorporar la totalidad de las instituciones públicas al sistema centralizado de gestión de cuentas del Estado, cuenta única del Tesoro”, resalta el político en su propuesta de gobierno.
El PLD propone en caso de repetir en la jefatura estatal, al igual que sus adversarios, la reforma del actual Código Penal Dominicano para castigar los crímenes y delitos, establecer equipos de inteligencia dentro de las instituciones dedicadas a la prevención de la corrupción administrativa, que desarrollen modelos de gestión de riesgos, involucrando al sector privado y a la academia.
Por último establecer un régimen de consecuencias a través de un marco legal e institucional necesario que garantice la protección de las personas que denuncien ante las autoridades competentes cualquier delito de corrupción y que el mismo tenga motivos razonables, así como Imponer restricciones efectivas que prevengan situaciones de conflictos de intereses de los funcionarios públicos.
