Nueva York, EFE.- La comunidad inmigrante en Nueva York celebra este miércoles una decisión de un juez federal que declaró ilegal y prohíbe los arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en los tribunales de este estado.
“El tribunal declara que la política de ICE de arrestos en los tribunales es ilegal y, por lo tanto, le prohíbe llevar a cabo cualquier arresto civil en los locales o terrenos de los tribunales del estado de Nueva York”, indica la decisión de 24 páginas del juez Jed Saul Rakoff, del tribunal federal para el distrito sur de Nueva York.
La decisión surge luego de una demanda presentada el año pasado por la Fiscalía general del estado y la del distrito de Brooklyn que alegaron que los arrestos de ICE en los tribunales y sus alrededores “impiden que se aplique la justicia y afectan negativamente la seguridad pública”.
Su demanda buscaba poner un alto a una política que el ICE había estado realizando durante tres años a pesar de los reclamos de autoridades locales y grupos de defensa de inmigrantes.
La decisión del magistrado prohíbe asimismo los arrestos de cualquier persona que tenga que viajar a un juzgado del estado como parte o testigo de una demanda.
De acuerdo con el juez, los demandantes presentaron “evidencia substancial” de que la extensión del poder de ICE para hacer arrestos en las cortes ha impactado a litigantes y a la cortes mucho más allá de lo que los números puedan demostrar.
“Ganamos nuestra demanda contra la Administración Trump para acabar con su política ilegal de hacer arrestos de ICE en las cortes de Nueva York. Es una victoria en nuestra lucha para proteger a inmigrantes y asegurar que se haga justicia”, señaló en un mensaje en Twitter la fiscal general del estado, Letitia James.
En su demanda, James y el fiscal de Brooklyn, Eric Gonzalez, alegaron que los arrestos en y fuera de los tribunales -que atemorizan a inmigrantes- impiden la adecuada administración de la justicia y afectan negativamente la seguridad pública porque han disuadido a los residentes no ciudadanos y a indocumentados de cooperar con las autoridades o de proteger sus propios derechos en las cortes.
Aseguraron que como resultado, investigaciones y enjuciamientos válidos se han abandonado o nunca se llevaron a cabo, lo que hace que las comunidades sean menos seguras.
“Al permitir que los agentes federales interfieran en los casos estatales y locales, la Administración Trump puso en peligro la seguridad de todos los neoyorquinos, al dirigirse a los inmigrantes”, señaló además James tras conocer la decisión del magistrado Rakoff.
Aseguró además que tras esa decisión todos los neoyorquinos, inmigrantes o no, pueden dormir mejor esta noche.
Por su parte, el fiscal González recordó que durante más de tres años, pidió a ICE que detuviera “su práctica desmedida de realizar búsquedas de inmigración en y alrededor de nuestros juzgados”.
“Pero, la Administración Trump sólo intensificó esta táctica ilegal y peligrosa, creando un efecto escalofriante en las comunidades de inmigrantes, lo que desalentó a las víctimas y testigos a denunciar los delitos y a participar en el proceso legal”, afirmó.
“Permitir a cada residente el acceso igualitario a nuestro sistema de justicia es crucialmente importante y necesario para mantener la imparcialidad y la seguridad pública”, sostuvo el fiscal.
La organización Se Hace Camino Nueva York catalogó la decisión como “una gran victoria” para las comunidades inmigrantes.
“Esta es una gran victoria para nuestras comunidades que podrán tener acceso pleno e igualitario a los tribunales sin temor a separarse de sus seres queridos”, dijo el inmigrante y líder comunitario, Luba Cortés.
“En los últimos años, la presencia de ICE y los arrestos en los juzgados se han disparado, lo que infunde miedo y priva a los inmigrantes neoyorquinos del acceso al debido proceso”, argumentó.
La organización de servicios legales sin ánimo de lucro Legal Aid Society también dio la bienvenida a la decisión.
“Elogiamos la firme defensa de la fiscal James en nombre de los neoyorquinos que buscan justicia y de todos aquellos que deberían tener acceso sin restricciones a nuestros tribunales”, indicó Lilia I. Toson, abogada supervisora de la unidad de reforma del derecho civil.
“La decisión de hoy es una clara: nuestro sistema judicial no tolerará más secuestros descarados por parte de agentes del ICE, y esperamos que una próxima decisión en nuestra demanda paralela fortalezca esa declaración”, afirmó.
