Espiaron de manera ilegal a una expresidenta, a un jefe de gobierno y a una gobernadora. A líderes parlamentarios. A funcionarios, empresarios, investigadores y líderes sociales. A la hermana y al cuñado presidencial. A políticos presos. A cientos de periodistas.
La lista es larga y todavía indeterminada. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hicieron con la información recolectada? Esas son las preguntas que esperan responder los diferentes tribunales que investigan la actuación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la Presidencia de Mauricio Macri.
El espionaje clandestino, que amenaza con convertirse en una megacausa por la cantidad de personajes involucrados y en uno de los principales escándalos del macrismo ya fuera del poder, estalló con las denuncias de Cristina Caamaño, la exfiscal designada por Alberto Fernández como interventora de la AFI, el organismo en el que, según el propio presidente, operaban “los sótanos de la democracia”, es decir, políticos, agentes de inteligencia y jueces que, desde que terminó la dictadura en 1983, se dedicaron a diseñar conspiraciones con intereses nada republicanos a través de los órganos de inteligencia.
Las denuncias por intervenciones de correos y teléfonos, el seguimiento físico y la elaboración de fichas personalizadas, todas actividades ilegales si no son ordenadas por un juez o si están basadas en presunciones ideológicas, no son nuevas. Ya en 2015, Laura Alonso y Patricia Bullrich, dos fervorosas militantes y funcionarias macristas habían acusado al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por espionaje, pero jamás presentaron pruebas, lo que no impidió que el tema copara portadas y programas de radio y televisión.
El escenario ahora es diferente. Caamaño ya entregó a la justicia un disco que contiene rastros de espionaje digital de los correos personales de 86 políticos, funcionarios, escritores periodistas y líderes sociales. También presentó sobres que encontró en la AFI con fichas de 403 periodistas, 28 académicos y 59 empresarios y representantes de la sociedad civil que se acreditaron en las cumbres que la Organización Mundial del Comercio y el G20 realizaron en Buenos Aires.
Cada reporte escrito incluye una fotografía, nombre, medio o institución de los ciudadanos espiados, y desglosa información sobre sus publicaciones en redes sociales; su activismo feminista, si es que lo había; simpatías o antipatías con el gobierno; posiciones políticas; aficiones personales, su militancia en sindicatos y otras organizaciones y datos personales que van desde cuentas bancarias y propiedades hasta relaciones familiares.
No deja de ser curioso que los mismos periodistas y políticos que se escandalizaron por el jamás probado espionaje del gobierno de Fernández de Kirchner, prefieren no mencionar o minimizar las sospechas del espionaje masivo e ilegal en el pasado gobierno. “Era información pública”, aducen algunos, ya que varias de las fichas se basan en post publicados en redes sociales. Quizá esos periodistas no saben que recolectar y sistematizar esta información desde el principal organismo de inteligencia del Estado también está prohibido por la ley, o que otros reportes sí incluyen datos personales que sólo pudieron haber sido obtenidos a través de intervenciones jamás autorizadas.
Son los mismos periodistas que durante el kirchnerismo armaron un paso de comedia televisivo para exigir: “Queremos preguntar”. Se ve que se les quitaron las ganas y prefieren no cuestionar, no indagar, no saber nada del espionaje macrista.
Más curioso aun es que mantienen el silencio a pesar de que el espionaje alcanzó no sólo a opositores. Digamos que el macrismo fue democrático: espió a todos y todas, sin importar que fueran del mismo partido gobernante.
En las investigaciones aparecen, por ejemplo, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Sí, es la misma que hace cinco años denunció sin pruebas al kirchnerismo. Debe estar procesando la decepción de que la haya espiado su propio gobierno. Igual que le pasó a los líderes parlamentarios Emilio Monzó, Nicolás Massot y Mario Negri, todos aliados macristas. Ya no se puede confiar en nadie.
La doble vara para evaluar una acusación se impone a pesar de que entre los espiados están incluidos periodistas de los medios que apoyaron al macrismo. Ni siquiera con ellos hay alguna mínima muestra de solidaridad. No hay indignadas columnas de opinión. Críticas. Nada.
Menos aun se entiende que el espionaje haya alcanzado a Florencia Macri, hermana menor del expresidente, y a su novio Salvatore Pica. Tampoco es la primera vez que Macri se ve envuelto en casos de espionaje contra su propia familia.
La causa sigue. Que Fernández de Kirchner sea querellante es obvio. Era la principal líder opositora al macrismo. La actual vicepresidenta ya realizó un pormenorizado informe en video sobre su declaración en el juzgado en el que le entregaron pruebas del espionaje ilegal en su contra. “La asociación ilícita eran ellos”, acusó en una referencia irónica, ya que ese es el delito que se le imputa a ella en las causas en las que está procesada por presunta corrupción.
A la lista de querellantes también se sumó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que colma de tensión a una alianza hoy opositora que aspira a volver al poder en 2024 y en la que juega un rol central Patricia Bullrich, la belicosa exministra de Seguridad reconvertida en dirigente del PRO, el partido de Macri, y quien, por supuesto, desestimó las maniobras de inteligencia porque, dijo, es algo usual cuando hay reuniones internacionales del calibre de la Cumbre del G20. Algo así como: “No es para tanto”.
Bullrich impulsó un comunicado firmado por decenas de personajes macristas en el que denuncian un intento de venganza, denuncias falsas y operaciones del gobierno peronista de Alberto Fernández con intereses meramente políticos. Es un intercambio de papeles, porque cuando Macri gobernó, el kirchnerismo hacía las mismas acusaciones. Pareciera que es el libreto que debe seguir la oposición de turno en Argentina.
A pesar de no ser cubierto por los grandes medios, el caso preocupa, y mucho, a funcionarios del gobierno anterior, empezando por Gustavo Arribas, el ex titular de la AFI que consiguió el cargo gracias a que era uno de los mejores amigos de Macri y que ahora es uno de los principales imputados en las causas por las labores de inteligencia clandestina.
Incluso el expresidente reapareció en redes sociales para alertar sobre los “atropellos institucionales” del peronismo. Por supuesto, no mencionó el atropello que padecieron las personas que fueron sometidas a espionaje ilegal bajo su gobierno y que comienzan a desfilar por los juzgados para recibir las pruebas y decidir si serán o no querellantes.
Mientras se quejaba del gobierno de Alberto Fernández, sin mencionarlo explícitamente, Macri también comenzaba a contratar a un equipo de abogados.
Fuente RT
