Este jueves el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer su informe sobre la Trata de Personas, en el que explicó que el Gobierno dominicano no logró las condenas suficientes contra traficantes que en años anteriores y emitió sentencias inadecuadas sobre algunas imputados.
Según el informe, la República Dominicana entre los esfuerzos para combatir la trata de personas se incluyen la revisión de la ley sobre la trata para eliminar el requisito de fuerza, fraude o coerción de las víctimas menores de 18 años de la trata con fines sexuales, el aumento de las investigaciones y los enjuiciamientos y la capacitación de más personal de la policía turística en materia de trata y menores de la calle.
El Departamento de Estado indicó que el procurador general de la República, Jean Alian Rodríguez, en 2018 reemplazó a muchos de sus principales y más experimentados fiscales, incluido el de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas.
Asimismo, señaló que “El Gobierno no informó sobre el resultado de las investigaciones de los casos de complicidad oficial en la trata, y hubo preocupación por la validez del número de víctimas identificadas, dadas las acusaciones de complicidad en la oficina del fiscal de la trata”, señala el estudio de este año.
El informe sostiene además que, el Gobierno no definió esfuerzos globales crecientes en comparación con el período del informe anterior.
Agrega también que, “los jueces, los fiscales y la policía carecían de capacitación especializada en la investigación, identificación, enjuiciamiento y condena de los acusados de delitos de trata y los expertos informaron haber observado que algunos jueces favorecían los derechos de los acusados sobre los derechos de las víctimas de trata”.
El mismo hizo una serie de recomendaciones sobre la situación que vive la República Dominicana, entre las que señalan “hacer una selección proactiva de los indicadores de tráfico entre venezolanos, haitianos y otras personas indocumentadas o apátridas en riesgo de deportación para identificar a las víctimas, remitirlas a cuidados y evitar que vuelvan a ser víctimas de tráfico”.
Asimismo, aumentar las investigaciones judiciales de los funcionarios de los servicios de aplicación de la Ley presuntamente vinculados en la trata de personas. También investigar, procesar y condenar a los traficantes involucrados en trabajos forzados y tráfico sexual.
El informe indica “modificar la ley contra la trata de 2003 para eliminar el requisito de demostrar la fuerza, el fraude y la coacción de las víctimas de la trata sexual menores de 18 años a fin de que se ajuste a la legislación internacional”.
