La Paz.- Zonas de aislamiento dentro de la prisión y líneas de teléfono para alertar a la familia, al estar prohibidas las visitas, son algunas de las medidas de urgencia de las autoridades de Bolivia para frenar contagios de COVID-19 en las hacinadas cárceles del país, donde los reos protestan en demanda de atención.
La cárcel de San Pedro, un antiguo penal en pleno centro de La Paz, fue escenario este jueves de una donación de material para prevenir la enfermedad, entregada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Bolivia.
Ante los muros de adobe de la prisión, autoridades del Ministerio de Gobierno (Interior) advirtieron que la saturación de las cárceles, la de San Pedro está al 350 por ciento de su capacidad, complica la lucha contra el virus.
Las 48 penitenciarías de Bolivia tienen unos 18.000 reclusos, muy por encima de su capacidad, por problemas endémicos como el retraso en la Justicia, pues cerca del 80 por ciento de los reos esperan sentencia.
El “desastroso” sistema penitenciario, como reconocen las autoridades por lo que consideran un abandono en gestiones anteriores, incluye ancianos, discapacitados, enfermos crónicos, mujeres embarazadas y niños hasta los 6 años dentro de las prisiones.
Ante un sistema público de salud saturado por el incremento de casos del coronavirus, la atención a colectivos como los presos se complica, con motines que se suceden en el país en demanda de soluciones, ante casos confirmados o sospechosos de reclusos con el nuevo coronavirus.
El Ministerio de Gobierno estableció, en coordinación con representantes de los privados de libertad, espacios de aislamiento y diagnóstico en cárceles como la de Palmasola en Santa Cruz, la mayor y más conflictiva del país.
MEDIDAS DE URGENCIA TRAS LOS BARROTES
“Hay que comprender que las cárceles son como unas pequeñas ciudadelas que por la precariedad se ha improvisado construcciones de forma desordenada, que permiten el contacto entre privados de libertad, por lo que se ha dispuesto que se autoaíslen y se realice una fumigación”, indicó a los medios en La Paz el viceministro interino de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Wilson Santamaría.
El viceministro interino pidió celeridad a las autoridades sanitarias para las pruebas de la enfermedad, pues al ser “un sector vulnerable y tener las condiciones de hacinamiento, exige un tratamiento rápido”.
El comentario llega después de que días atrás se reportaron algunos fallecidos en prisiones del país con la duda de si padecían COVID-19, aunque muchos casos eran personas mayores con otras patologías.
El ministerio habilitó líneas telefónicas especiales, pues habitualmente están prohibidas, para que los internos que tengan emergencias médicas puedan comunicarse con sus familiares.
El viceministro interino de Régimen Interior y Policía de Bolivia, Javier Issa, alertó que “casi todos los centros penitenciarios están tomados por el coronavirus, no al 100 por ciento, pero hay contagios”.
Issa declaró a los medios que fueron los propios internos los que hace más de dos meses pidieron que se prohibieran las visitas para prevenir contagios, pese a lo cual se produjeron, por lo que la Policía Boliviana investiga un posible “ingreso deliberado” del virus en cárceles como San Pedro.
Bolivia tiene uno de los peores sistemas penitenciarios del mundo por el hacinamiento, según el responsable de Régimen Penitenciario del país.
Las autoridades de esta cartera ministerial piden a los jueces que aceleren la aplicación de un decreto presidencial de amnistía e indulto para descongestionar las cárceles, en las que desde hace años se descubren casos de reos que por errores burocráticos siguen encarcelados pese a haber cumplido condena.
El indulto hasta ahora solo ha beneficiado a unos 300 reclusos, según datos del ministerio.
El último reporte del Ministerio de Salud refleja 42.984 casos confirmados y 1.577 decesos en el país, de unos 11 millones de habitantes.
Fuente EFE
