En las primeras horas de una mañana de verano en Albuquerque, Nuevo México, en 2014, dos policías estatales ataviados con equipo táctico oscuro llegaron a un complejo habitacional para ejecutar una orden de detención. En el estacionamiento, se encontraron con Roxanne Torres, quien estaba sentada en su automóvil con el motor encendido.
Torres no era la mujer que buscaban. Sin embargo, los oficiales, que no se identificaron, se acercaron a su vehículo. Torres pensó que eran ladrones y puso el auto en movimiento para irse. Los agentes dispararon trece veces y le causaron dos heridas de bala, pero logró huir.
El mes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a analizar ocho casos de inmunidad calificada, una doctrina que dificulta demandar a los agentes de policía y otros servidores públicos por mala conducta y que, como resultado, se ha convertido en un detonante de la indignación nacional por la brutalidad policial. Esa medida decepcionó a los críticos de todo el espectro político que esperaban que el tribunal interviniera para ayudar a resolver la controversia.
No obstante, el caso de Torres, que presenta una cuestión aún más fundamental, ya estaba en la lista de casos de la Corte Suprema. Estaba previsto que se debatiera en marzo, pero el tribunal lo pospuso debido a la pandemia de coronavirus. Ahora se analizará en octubre.
Es posible que los magistrados hayan querido evadir el tema de la violencia policial. El caso de Albuquerque, Torres contra Madrid, No. 19-292, los obligará a enfrentarla.
Torres demandó a los oficiales que le dispararon, Richard Williamson y Janice Madrid, con el argumento de que usaron fuerza excesiva en violación de los derechos que le otorga la Cuarta Enmienda. La enmienda prohíbe las pesquisas y aprehensiones arbitrarias y, durante mucho tiempo, los tribunales han considerado el uso de fuerza excesiva por parte de la policía como una aprehensión.
Si los oficiales hubieran detenido a Torres, no habría duda de que ella podría demandar. Tal vez no ganaría, ya que los tribunales considerarían entonces si la aprehensión estuvo justificada y si la demanda se obstaculizó con base en la inmunidad calificada. No obstante, su demanda no se habría cerrado desde el principio.
La pregunta para los magistrados es si debe importar el hecho de que Torres logró escapar. El Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos, en Denver, dictaminó que sí. “La huida continua de un sospechoso después de que la policía le disparó niega una demanda por fuerza excesiva sustentada en la Cuarta Enmienda”.
Esto es difícil de cuadrar con la declaración en un fallo de la Corte Suprema de 1991, que decía que “la palabra ‘aprehensión’ se entiende como poner las manos encima o aplicar la fuerza física para restringir el movimiento, incluso cuando en última instancia resulta infructuoso”.
Se impugna lo que sucedió exactamente la mañana del 15 de julio de 2014, pero no hay controversia en cuanto a que los policías le dispararon a una mujer desarmada cuando intentaba huir en su automóvil. Los oficiales dicen que temían que Torres los atropellara.
Torres no tardó en perder el control del vehículo, se detuvo en un estacionamiento y pidió a un transeúnte que llamara a la policía. Al no recibir respuesta, ella robó un auto que estaba en marcha y condujo 120 kilómetros hasta un hospital en Grants, Nuevo México.
Fue trasladada por aire a un centro de salud en Albuquerque, donde fue arrestada. No se opuso a los cargos por huir de un agente de policía, agredir a un agente de policía y robar un vehículo.
Incluso el gobierno de Trump afirma que Torres tenía derecho a demandar. “La fuga de un sujeto hará que la aprehensión sea efímera, pero no la negará por completo”, escribió en calidad de “amigo del tribunal” el procurador general de Estados Unidos Noel J. Francisco. El documento del procurador afirma que Torres puede perder su caso, pero por otros motivos.
En un escrito para apoyar a Torres, el Fondo Educativo y de Defensa Jurídica de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por su sigla en inglés), exhortó a los magistrados a tener en cuenta los antecedentes de la violencia policial.
“Desde los inicios mismos de la aplicación moderna de la ley en Estados Unidos, las armas, y en particular las armas de fuego, se han desplegado como un medio de vigilancia y represión de las comunidades afroestadounidenses. En la actualidad, demasiados agentes de policía siguen desenfundando y usando armas de fuego como medio injustificado para controlar a los afroestadounidenses, en vez de hacerlo por razones válidas de aplicación de la ley. La decisión del Décimo Circuito deja a estas innumerables personas sin recursos”, afirmaba el escrito.
Aunque Torres gane en la Corte Suprema, tendrá que superar la doctrina de la inmunidad calificada para ganar en los tribunales inferiores. Conforme a esa doctrina, se puede demandar a los servidores públicos por violar derechos constitucionales solo si el derecho en cuestión estaba claramente establecido en el momento de la conducta analizada.
El Tribunal Supremo ha utilizado una definición muy estrecha de lo que se considera “claramente establecido”. En lugar de recurrir a los principios generales, exige que el demandante haga algo muy difícil en la mayoría de los casos: identificar una decisión que haga referencia a circunstancias fácticas casi idénticas.
Por ejemplo, no será fácil para Torres encontrar una decisión anterior basada en circunstancias muy parecidas a las suyas.
Los magistrados Clarence Thomas y Sonia Sotomayor, quienes tal vez sean los miembros más conservadores y liberales del tribunal, han criticado la inmunidad calificada. Thomas escribió que fue creada de la nada. Sotomayor escribió que había creado una barrera jurídica impenetrable que protege a los agentes de policía.
La perspectiva de la corte, escribió Sotomayor en un documento de disensión de 2018, “envía una señal alarmante a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y a los ciudadanos”.
“Les dice a los agentes que pueden disparar primero y pensar después y les dice a los ciudadanos que las conductas arbitrarias quedarán impunes”, afirmó la magistrada.
