Diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron los resultados de la investigación titulada “Estado de bienestar y resiliencia: hacia un nuevo paradigma de las políticas sociales en República Dominicana”, en el que se analizan las políticas sociales implementadas en el país frente a la emergencia climática y la pandemia de la Covid-19.
La investigación que fue presentada mediante un webinar encabezado por la politóloga Olaya Dotel y los autores del informe, la economista Lety Melgen y el investigador social, Anselmo Muñiz; forma parte del proyecto Economía Resiliente con Justicia de Género que desarrollan la Fundación Solidaridad, el Instituto de Investigación Social para el Desarrollo, el Centro Integral para el Desarrollo Local y la Fundación Friedrich Ebert, con financiamiento de la Unión Europea.
“Si bien es cierto que desde el neoliberalismo se ha promovido un Estado más o menos garantista, esto no ha implicado un Estado más ausente, sino, que este ha puesto su atención en defender los privilegios de la élite política y económica” precisó Dotel en su presentación.
Por su parte, Anselmo Muñiz explicó que la resiliencia ciudadana es un concepto que busca enmarcar la discusión de las políticas sociales desde la capacidad de la ciudadanía para resistir y reponerse ante choques como crisis económicas, pandemias, desastres; por tanto la resiliencia como un indicador de la distribución de la solidez de los derechos sociales, de la distribución de la riqueza y de la democratización del poder.
Al concluir su intervención, Muñiz consideró que las políticas sociales del país reproducen las desigualdades y exclusiones heredadas de las dictaduras trujillista y balaguerista.
En tal sentido, la economista y profesora de la UASD, Lety Melgen, precisó que ”los esquemas de aseguramiento no han podido enfrentar la pandemia de la COVID-19, causando problemas en la capacidad de obtener pruebas para las personas, teniendo el Estado que, a fin de cuentas, tomar la carga de la cobertura económica de la atención a los pacientes”.
El informe también presenta un conjunto de propuestas de políticas públicas para enfrentar estas problemáticas que incluyen desde una propuesta para el establecimiento de un ingreso universal básico, hasta un plan nacional de construcción de viviendas, pasando además por la propuesta de colocar el sistema de seguridad social en una sola gestora pública, de aumentar la recaudación y la presión tributaria, en adición al aumento del gasto público en servicios básicos.
Otros aspectos destacados por el estudio son la baja inversión social en la República Dominicana en comparación con el resto de la región y las carencias en el acceso a una salud pública universal, además de la falta de viviendas dignas.
