El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presenta desde hace unos días al Ejército de su país como una “nueva Fuerza Armada” mediante una intensa campaña en medios de comunicación, lo que supone un intento de remozar la imagen de dicha entidad tras el ingreso armado en la Asamblea Legislativa en febrero pasado y ante las deudas pendientes con las víctimas de violaciones de derechos humanos.
El 9 de febrero, un grupo de militares armados con fusiles de asalto ingresó junto a Bukele a la sala de sesiones del Congreso como medida de presión, según admitió el mismo mandatario, para que le aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares para seguridad.
La acción, que incluyó la presencia de militares y policías fuera del Parlamento junto a cientos de seguidores de Bukele, que en su momento pidieron “insurrección”, encendió las alarmas a nivel internacional y supuso un duro golpe a la imagen que el mandatario proyectaba.
Otra serie de acciones, como negarse a al menos un fallo del Supremo, siguieron desgastando la imagen del mandatario fuera de las fronteras salvadoreñas y algunos sectores alertaron sobre un posible debilitamiento de la democracia en el país centroamericano.
El director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo a Efe en junio pasado que Bukele muestra una “conducta contraria a los derechos fundamentales a las libertades públicas, una conducta despótica” y su Gobierno está a “poca distancia de convertirse en una dictadura”.
LA PANDEMIA Y EL MINISTRO
Los diputados de la Asamblea Legislativa, que calificaron la acción de Bukele de un “intento de golpe de Estado”, decidieron llamar al ministro de la Defensa, René Merino Monroy, para cuestionarle la participación de los uniformados, pero la pandemia del COVID-19 obligó a aplazar la cita.
La misma fue reprogramada para el próximo 21 de agosto, reunión a la que Merino está obligado a asistir por ley bajo la figura de “interpelación” y debe de responder las preguntas de los legisladores.
De acuerdo con Abraham Ábrego, de la organización humanitaria Cristosal, la campaña mediática, cuyo costo se desconoce, tiene como objetivo la mejora de la imagen del cuerpo armado “debido a que este ha resultado desprestigiado” con la “irrupción en la Asamblea Legislativa”.
“También la Fuerza Armada ha estado muy desacreditada por señalamientos de violaciones de derechos humanos, tanto del pasado como del presente”, dijo Ábrego a Efe.
La gran mayoría de crímenes de lesa humanidad registrados durante la guerra civil (1980-1992) son atribuidos al Ejército, que en reiteradas ocasiones ha negado la existencia de archivos militares relacionados con estos casos, lo que ha impedido durante años que los familiares de la víctimas tengan justicia y conozcan la verdad de los hechos.
La Fiscalía General de la República (FGR), según organizaciones sociales, ha recibido unas 100 denuncias en los últimos años y los procesos abiertos incluyen a exmiembros de la cúpula militar.
La falta de colaboración del Ejército durante los Gobiernos pasados podría suponer una continuidad del respaldo a los militares frente a los crímenes de guerra, pese a la reforma que surgió de los Acuerdos de Paz de 1992.
Para Manuel Escalante, subdirector del jesuita Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), al interior de las Fuerzas Armadas no se ha dado un “cambio sustancial” en la estructura y filosofía, según lo dijo a Efe.
Apuntó que la campaña, que enfatiza el apoyo militar en planes de seguridad y atención a emergencias y desastres, no presenta “apoyos novedosos”, sino que son actividades que el Ejército ha realizado durante varios años.
Añadió que la imagen del Ejército se podría desgastar más si el exviceministro de la Defensa Inocente Montano es condenado en España por la masacre de seis jesuitas y dos mujeres en 1989, por su papel como “unidad terrorista” desde el Estado.
Por su parte, Eduardo García, de la organización humanitaria Probúsqueda, dijo a Efe que los líderes de la Fuerza Armada que, “siguen ocultando archivos militares, que siguen obstaculizando la investigación a criminales de guerra”, son “cómplices de esas atrocidades”.
“La Fuerza Armada ha evolucionado, pero no tanto como se esperaba. Sigue siendo una Fuerza Armada que en la actualidad, cuando sale a la calle, tiene abusos de autoridad”, acotó García.
¿CULTO AL VERDE OLIVO?
La exaltación de la figura de los militares en la estrategia de seguridad del Gobierno de Bukele, pese a que no se ha dado un incremento significativo en su número, se viene dando desde su llegada al poder.
Entre los ejemplos, además de la campaña mediática, se encuentran la modificación del tradicional desfile de independencia en el que se dio prioridad a la parada militar y no a la participación de los estudiantes. También los actos públicos de despliegue de nuevos soldados.
“En nombre del pueblo salvadoreño y como su comandante general les doy la bienvenida a la Fuerza Armada. Sobre sus hombros está la gloria de nuestra institución, sobre sus armas está la gloria de nuestro país”, sostuvo Bukele el 29 de julio de 2019.
En agosto de 2019, la experta en temas de seguridad Jeannette Aguilar señaló a Efe que la exaltación del militar y la “masificación” del reclutamiento de jóvenes no solo obedece a razones de estrategia de seguridad ciudadana.
“Puede responder a la necesidad de fortalecer una alianza política con el Ejército de cara a escenarios donde el Gobierno pueda perfilarse frágil frente a la disidencia o señalamientos de distintos grupos”, subrayó.
De acuerdo con un reporte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Fuerza Armada es el tercer ente estatal más señalado durante la pandemia de COVID-19 de presuntos abusos, con 144 señalamientos.
Fuente: EFE
