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Las masacres evidencian el recrudecimiento del conflicto en el sur de Colombia

Bogotá, EFE.- La matanza de tres indígenas de la comunidad Awá, la segunda en tres días en el departamento colombiano de Nariño, prende las alarmas por el recrudecimiento de la violencia indiscriminada en esa región fronteriza con Ecuador, azotada por grupos armados ilegales que se disputan el control territorial.

La masacre fue perpetrada por desconocidos en el resguardo indígena Pialapi-Pueblo Viejo, ubicado en una remota zona rural, a unas nueve horas de la cabecera municipal de Ricaurte.

«Hasta el momento, por el difícil acceso a la zona, las autoridades indígenas no han identificado las personas asesinadas y las causas que dieron estos lamentables acontecimientos», expresó la Organización del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari) en un comunicado.

Por lo ocurrido, la comunidad Awá, que dice que su «pervivencia y existencia física se encuentra en riesgo», lamentó que, además del peligro que enfrenta por la pandemia de la COVID-19, deba afrontar «amenazas por la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales».

«Rechazamos y exigimos respeto por nosotros los indígenas, por la vida, por las nuevas generaciones, especialmente todos los jóvenes que merecen vivir en armonía con el territorio», expresaron.

VIOLENCIA EN «LA CORDILLERA»
Además de la matanza de los tres indígenas, de la que aún no se sabe mucho, el pasado sábado ocho jóvenes de entre 19 y 25 años fueron masacrados por desconocidos en la aldea de Santa Catalina, cercana a la cabecera municipal de Samaniego, también en Nariño, donde horas antes había sido asesinada una mujer de 26 años, igualmente por desconocidos.

Para Claudia Cabrera, quien fue alcaldesa entre 2015 y 2019 de Policarpa, municipio ubicado en esa zona de Nariño conocida como «La Cordillera», la situación que viven los pueblos de la región «es preocupante» aunque aparentemente no haya muchos asesinatos.

«Las cifras de homicidios no suben, no hay registros de homicidios porque precisamente los cuerpos no son encontrados sino que son descuartizados, incinerados y enterrados en fosas comunes», expresó a Efe Cabrera.

La exalcaldesa de Policarpa explicó que la situación de violencia en la zona se debe a la disputa de territorios por grupos al margen de la ley, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, y a los numerosos cultivos de coca.

«Para nadie es un secreto que en Colombia tenemos más de 53 años de conflicto y desde que soy niña recuerdo que vivimos en medio de grupos al margen de la ley», afirmó.

Detalló que a lo largo de los años los grupos más activos en la región son las guerrillas de las FARC, desmovilizada en 2016, y del ELN, así como las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que dejaron las armas en 2006 pero cuyos grupos residuales siguen operando.

LLAMADO AL GOBIERNO
Las comunidades de Ricaurte y de Samaniego, así como de los demás municipios de «La Cordillera», reclaman una presencia integral del Estado y que se proteja a la población que en muchas ocasiones queda en el fuego cruzado entre grupos armados.

«Solicitamos medidas que garanticen el buen vivir de nuestros pueblos y que lo pactado en el proceso de paz (con las FARC, que derivó en la firma de un acuerdo en 2016) se cumpla a cabalidad en todo el territorio colombiano», expresó la organización Camawari.

En esa línea, Cabrera subrayó que la clave está en atacar problemas graves como la siembra de cultivos ilícitos y la minería ilegal.

Para ello, considera esencial que se cumplan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), consignados en el acuerdo de paz, pues dice que cuando fue alcaldesa el Gobierno no llevó a cabo como se requería esas iniciativas.

PROTESTA EN CALI
El pasado 11 de agosto también fueron asesinados cinco menores, todos de entre 14 y 15 años, en un cañaveral ubicado detrás del barrio Llano Verde, en Cali, capital del Valle del Cauca y principal ciudad del suroeste de Colombia.

Es por ello que cerca de un centenar de personas se reunieron hoy frente a la Fiscalía de esa ciudad para pedir a las autoridades que esclarezcan este crimen que conmocionó al país.

«Nosotros, por costumbre ancestral y cultural, hacemos una última noche de despedida, pero hoy no estamos haciendo una última noche para ellos sino que estamos exigiéndole a la Fiscalía que haya justicia y esclarecimiento», dijo a Efe Martha Jordán, de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes).

Las autoridades prometieron una investigación exhaustiva de este múltiple crimen, pero hasta ahora sus autores siguen siendo «desconocidos».
Es por ello que los manifestantes, en una ruidosa caminata que hicieron hasta Llano Verde, clamaron por «justicia, reparación y no repetición», como rezaba en un cartel que llevaban tres jóvenes.

«Estamos haciendo esta caminata para recordar que el Distrito de Aguablanca (zona donde está Llano Verde) es un territorio de paz y no de guerra», expresó la mujer, quien recordó que los jóvenes asesinados eran «niños de colegio, sanos, no eran niños delincuentes».

Pese a ello, la violencia en Cali no cesa y en la noche del martes también fue asesinado en una zona rural de la ciudad el líder ambientalista Jaime Monge.

«Fuimos informados del asesinato del señor Jaime Monge Haman, persona muy reconocida en la comunidad de Villacarmelo (caserío que hace parte de Cali). Tenía un proyecto gigantesco que se llama ‘La Pachamama’, una fundación dedicada a temas ambientales», expresó el secretario de Seguridad de la ciudad, Carlos Rojas.

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