Quito,(EFE).-Ecuador reportó este lunes 10,576 fallecidos, entre confirmados con COVID-19 y probables, y 110,092 casos de contagios, según informó el Ministerio de Salud Pública.
Los datos sobre decesos por el coronavirus, según explicaron las autoridades, son ofrecidos de manera global para reforzar el seguimiento del impacto de la pandemia entre la población, aunque hasta la semana pasada se entregaban por separado.
De acuerdo con el parte oficial diario, hasta la fecha se han tomado 330,998 pruebas rápidas y PCR, gracias a las cuales se han descartado 163,638 casos.
Las provincias que mayor número de casos registran son las de Pichincha, con 25,080, cuya capital es Quito (22,614), y Guayas, que suma 19,122 con Guayaquil (13,001) como cabecera.
Otras de las provincias que acumulan más de 3,000 casos confirmados son Manabí, con 8,804; Azuay 6,465, Loja 4,770, El Oro 4,727, Santo Domingo de los Tsáchilas 4,589, Esmeraldas 3,584, Tungurahua 3,658, Los Ríos 3,336, Cotopaxi 3,222 e Imbabura 3,067.
La insular de Galápagos, situada a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas, registra 178 positivos.
Conforme al boletín del Ministerio de Salud, 884 personas están hospitalizadas por la enfermedad en situación estable, y otras 430 con pronóstico reservado.
Por grupo etario, el 59.4 % de los casos confirmados corresponde a personas de entre 20 y 49 años; el 21 % al rango de entre 50 y 64 años; el 14.3 % a más de 65 años, y el resto de porcentajes se distribuyen en personas de los 19 años para abajo.
Ecuador se encuentra desde el 16 de marzo en estado de excepción, aunque a finales de mayo inició un proceso de desescalada y semaforización epidemiológica por regiones.
La semana pasada el Gobierno anunció que, por disposición judicial, el próximo 14 de septiembre terminará el estado de excepción que iba renovándose primero bimensualmente y después cada 30 días.
Las autoridades ecuatorianas deberán plantearse por ello cómo mantener el distanciamiento social sin la posibilidad de poder establecer un régimen legal especial que permitía medidas como las de restringir la libertad de movimiento y de concentración.
