El movimiento cívico Participación Ciudadana valora que el nuevo Gobierno se empeñe en buscar las vías para reducir el déficit fiscal a través de un optimista Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el año 2021, pero deplora el alegado atropello a la institucionalidad democrática que supone la intención de introducir subrepticiamente un aumento de impuestos mediante la aprobación del presupuesto.
La organización manifestó que la administración Abinader realiza procedimiento parecido al que se intentó con el Presupuesto del año 1997, que finalmente nunca fue aprobado, así como en otros presupuestos del gobierno anterior.
“Un Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para un año y una Ley de Reforma Tributaria con carácter permanente son dos discusiones separadas, y así deben ser conocidas por la ciudadanía y el Congreso Nacional, evitando que impuestos transitorios se queden para siempre”, señaló el Consejo Nacional de Participación Ciudadana mediante comunicado de prensa.
La entidad indica que agrava la situación que, durante la campaña electoral, el presidente Abinader y muchos otros de su equipo que hoy son funcionarios, prometieran a la ciudadanía que no se iban a subir los impuestos, sino por el contrario, que bajándolos recaudarían más, y ahora, sin previo aviso ni discusión alguna salen con una reforma impositiva de contrabando, adjurando la promesa de una reforma integral discutida ampliamente y prevista por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.
“Reconocemos que el Gobierno precisa percibir mayores ingresos, no solo para atender las urgentes necesidades asociadas a la atención a la población por la pandemia, sino para muchísimas otras necesidades de infraestructura y servicios. Por tanto, una reforma fiscal puede ser muy justa y necesaria en su debido momento”, subraya el comunicado del movimiento cívico.
PC plantea que antes de aprobar nuevos impuestos, es fundamental que el Gobierno demuestre de manera fehaciente que va en serio su discurso de racionalizar el gasto público, de enfrentar la corrupción e impedir la impunidad.
Es cierto que se han emitido algunas señales en esa dirección, pero la ciudadanía espera políticas verdaderamente contundentes. Todavía se mantienen inalterables los barrilitos y cofrecitos de los legisladores, la repartición de dinero público entre partidos e instituciones inoperantes, los monumentales salarios, compensaciones y las injustas y costosas pensiones para grupos privilegiados.
Para Participación Ciudadana llama mucho la atención que la Reforma Tributaria se emprenda precisamente en medio de una crisis económica como la originada por el COVID-19, responsable de tanto desempleo, disminución de ingresos y pobreza, cuando subir impuestos dificulta la reactivación de la economía e incluso la supervivencia de las personas y de las empresas en momentos de tan aguda crisis.
