El director general de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, informó que será el Ministerio de Salud Pública el que determinará el momento y la forma en que se flexibilizarán los protocolos sanitarios aplicados en la Penitenciaría Nacional de La Victoria debido a la pandemia de la COVID-19.
Hernández Basilio ofreció la información al recibir a una comisión de familiares de los internos del referido penal, que se presentaron a la Dirección General de Prisiones en busca de respuesta a las solicitudes que presentaron para que se les permita visitar a sus allegados.
El funcionario manifestó su comprensión respecto a que los internos necesitan recibir visitas, pero, explicó que solo deberán ser permitidas bajo un criterio de responsabilidad, para evitar posibles contagios de la COVID-19.
Garantizó que la Dirección General de Prisiones se esfuerza en facilitar un ambiente de protección a los internos en el marco de una pandemia que obliga a mantener el distanciamiento físico y a interactuar en espacios ventilados.
Calificó de arriesgado tomar una decisión administrativa para permitir las visitas a los internos del penal de La Victoria, ya que el personal médico del Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, así como de la Dirección General de Prisiones, debe ser el que en todo momento tome las medidas para garantizar el bienestar de los privados de libertad.
“Nos regimos por una política de Estado que busca frenar la expansión del coronavirus siguiendo protocolos de salud recomendados por la comunidad científica y por los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud”, dijo Hernández Basilio.
El funcionario reconoció la necesidad que, desde el punto de vista humano, tienen las personas de mantener contacto con sus familiares internos. Prometió llevar la inquietud a una reunión que sostendrá con autoridades del Ministerio de Salud.
Sin embargo, exhortó a los ciudadanos que piden acceso al penal para visitar a sus familiares, que lo hagan de manera ordenada, pero, sobre todo, que entiendan que todas las medidas se enfocan en garantizar la salud de los privados de libertad y sus agentes custodia en medio de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, el cual ha afectado hasta la fecha a más de 116,000 personas, de las que mató a 2,100, en República Dominicana.
