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Ministra Kimberly Taveras se acoge a su derecho de no declarar ante la Pepca

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo este viernes que la ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, no ofreció declaraciones sobre el origen de sus bienes durante el interrogatorio.

Camacho indicó que la ministra Taveras «se acogió a su derecho a no declarar» en la Fiscalía, en la que permaneció más de dos horas.

Mientras que los abogados de Taveras, aseguraron que en su momento explicarán los documentos, al tiempo que alegan que el origen de sus bienes está sustentados legalmente.

Tras abandonar la Fiscalía, la ministra no hizo declaraciones, pero su abogado dijo que compareció «de forma grata» ante las autoridades, que investigan el origen de su patrimonio y la relación de sus empresas con el Estado.

Taveras tomó licencia de su cargo, sin disfrute salarial, para ponerse a disposición de la Justicia a los fines de que investigue el origen de sus millones, tras el escándalo producido a raíz de un reportaje en Nuria Investigación Periodística.

La semana pasada, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la suspensión del registro de proveedores del Estado de la ministra y, del mismo modo, abrió una investigación para determinar si sus empresas se han beneficiado de contratos públicos.

La DGCP confirmó que Taveras figura como proveedora del Estado con dos empresas, una que tiene su nombre y otra, el Colegio Domínico Chino, del que es gerente administradora y poseedora del 75 % de sus acciones.

El pasado 8 de octubre, la DGCP anunció la suspensión de la consideración de proveedor del Estado a 119 funcionarios, en concreto a 113 alcaldes y regidores, a dos jueces y a otros cuatro funcionarios.

La legislación establece que los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía, entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.

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