TC clausura “Seminario sobre la Efectividad de la Protección Ambiental a través del Derecho Público”

El Tribunal Constitucional (TC) clausuró el “Seminario sobre la Efectividad de la Protección Ambiental a través del Derecho Público”, que reunió de manera virtual a expertos en la materia de España y la República Dominicana, quienes analizaron y compararon las técnicas administrativas de protección ambiental contenidas en las legislaciones de ambos países.

El webinario internacional, que fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del TC, estuvo organizado por esta alta corte en coordinación con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) de España y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Al ofrecer las conclusiones del evento, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Bautista López García, señaló que, a pesar de haberse multiplicado la cantidad de leyes medioambientales y la producción de más 1100 acuerdos con el mismo objetivo, su aplicabilidad efectiva ha sido insuficiente.

Dijo que el país cuenta con herramientas jurídicas para poder avanzar, pero el compromiso del Estado dominicano debe ir más allá de la creación de instrumentos jurídicos y de políticas públicas, consignando en el presupuesto nacional partidas para la educación ambiental como lo estipula la ley, así como partidas para promoción de acceso a la información pública, a la participación y a la justicia.

“No es posible avanzar en la aplicabilidad efectiva de la ley ambiental si no se fortalece la educación ambiental a todos los niveles; para que las personas puedan defender el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como establece el preámbulo de la Constitución, deben conocerlo”, expresó el decano.

El catedrático dijo que las conclusiones de este importante ejercicio académico internacional promovido por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana deben ser tomadas en cuenta para su aplicación.

Abogó para que los ministerios de Educación, Educación Superior Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y el Congreso Nacional introduzcan en sus presupuestos las partidas correspondientes a la educación ambiental, “elemento fundamental de empoderamiento de la población para poder cumplir con el anhelado reclamo colectivo que es la aplicación efectiva de la legislación ambiental”.

En este acto de clausura también tuvo una breve intervención el doctor Emilio Pajares, subdirector del CEPC, quien resaltó el alto nivel de las exposiciones presentadas en este evento formativo. “En el TCRD, en la UASD y el CEPC deberíamos planteamos muy seriamente consolidar iniciativas de este tipo y que hubiera posibilidad de volver a tener intercambios tan interesantes”, expresó Pajares, quien, además, propuso que estas ponencias sean recogidas en una monografía.

El magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto de presidente del TC, quien fungió como moderador de esta segunda y última jornada, felicitó a los expositores por sus importantes intervenciones y consideró este evento como un ejercicio de sabiduría en una materia que tiene muchos desafíos en el futuro.

El programa de exposiciones en este último día abordó, entre otros, el tema “Responsabilidad penal por la comisión de daños al medio ambiente”, que contó con la participación de Rosario de Vicente Martínez, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, y la magistrada Wendy Martínez, presidenta de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial del Distrito Nacional.

También se abordó el eje temático “Alcance de la revisión jurisdiccional de las resoluciones dictadas por la Administración Pública en materia de medio ambiente y la efectividad de la acción de amparo para la protección del medio ambiente”, con las exposiciones de Eloísa Carbonell, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, magistrado del Tribunal Constitucional dominicano y Rafael Vásquez Goico, magistrado de la Suprema Corte de Justicia Sala de lo Contencioso-Administrativo de la República Dominicana.

El cuarto eje temático, “Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por daños al medio ambiente en España y en la República Dominicana”, estuvo a cargo de Marcos Massó Garrote, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional dominicano.

El último tema, “Mecanismos de participación pública para la efectividad de la protección del medio ambiente y la democracia ambiental”, estuvo a cargo de Zulima Sánchez, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, y de Rosalía Sosa, vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD.