La jueza de la Novena Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dispuso este marte la asignación de un verificador para que comprueba si la empresa Cap Cana está quebrada o no.
La jueza de ese tribunal especializado en asuntos comerciales Tania Gómez Rodríguez designó a Gustavo Ortega en funciones de verificador.
El designado tendrá un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación de esta decisión, para que comparezca por ante el tribunal y expresar la aceptación o rechazo de esta designación y en caso de aceptarla, deberá proceder a su juramentación y tendrá 15 días, para rendir un informe sobre la situación financiera que actualmente se encuentre esa empresa inmobiliaria turística.
El tribunal para adoptar la decisión admitió de manera preliminar, la solicitud de reestructuración mercantil realizada por el señor Carlos Manuel Martínez Ozoria, con relación a la razón social CAP CANA, S. A., según lo dispone los artículos 29 y 34 de la Ley No. 141-15, de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.
Martínez Ozoria y la sociedad comercial Ozoria & Asociados, S.R.L., hizo la solicitud de apertura al procedimiento de reestructuración y posible liquidación (quiebra), contra la empresa CAP CANA, S. A., debido a que les adeudan la suma de un millón 391 mil 543.17 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en pesos dominicanos, 81 millones 405 mil 275.45.
El verificador recibirá provisionalmente los honorarios de 200 mil pesos, monto que estará sujeto a variación, según sea determinado el activo y pasivo de la entidad cuya reestructuración se solicita, todo dentro del marco de las disposiciones de los artículos 36 de la Ley No. 141-15 y 23 de su Reglamento de Aplicación.
La sentencia fue emitida este martes 26 de enero y certificada por la secretaria del tribunal Juana Rodríguez Villanueva, Secretaria Interina.
El tribunal pide además a la empresa Cap Cana un estado detallado de sus deudores, acreencias, activos y pasivos, así como operaciones realizadas, tanto sobre la base de préstamos, créditos y todas aquellas relacionadas al negocio de la misma.
Indica el tribunal además que en caso de que oculten alguna información presentar acciones penales, en caso de que, se determine la ocultación y simulación patrimonial por parte de CAP CANA, S. A., en favor de empresas relacionadas al autodenominado GRUPO ABRISA, S. A., y sus accionistas, tipificando el delito de Bancarrota Fraudulenta.”
Ozoria y Asociados alegan que Capa Cana ha planeado deliberadamente su aparente “insolventación”, con la creación de una serie de empresas off shore y dominicanas, entre las que resalta la empresa Alvey Holdings, S.A.
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