Auditoria contratada por Medio Ambiente ratifica contaminación con plomo en Haina

Una auditoría independiente contratada por el Ministerio de Medio Ambiente confirmó que las operaciones de la empresa Verde Ecoreciclaje Industrial (VERI) no cumplen las normativas ambientales la República Dominicana, y encontró numerosas violaciones graves al permiso medioambiental en el reciclaje de baterías para automóviles en sus instalaciones existentes en Haina.

Esta empresa es propiedad de los mismos dueños de la fábrica de baterías Metaloxa que en la década de los 90 protagonizó un escándalo de contaminación ambiental de escala internacional, que llevó al Instituto Blacksmith de New York a declarar a Haina como “el tercer lugar más contaminado del mundo” y “el primero en contaminación por plomo”.

La auditoría fue realizada entre el 8 y 12 de marzo del 2020 por el Ingeniero Químico Francisco Javier Martínez Alonso, consultor internacional independiente contratado por la Dirección de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, para verificar las operaciones de la empresa recicladora de baterías Verde Eco Reciclaje Industrial (VERI), propiedad de baterías Meteoro.

En el informe, el consultor Martínez Alonso, establece que se detectaron “aspectos de diseño, infraestructura y operación que no cumplen con la totalidad de recomendaciones” de las guías internacionales de referencia, “como tampoco con los requerimientos de la normativa aplicable” en el país, o los “requerimientos establecidos en el permiso ambiental de la empresa”.

Los resultados de la auditoría medioambiental fueron dados a conocer por Jorge Herasme, abogado representante de la coalición comunitaria por la defensa de Haina; Altemar Portes, Ana María Guzmán, Víctor Manuel Báez, Romeo del Valle, Dorka Martínez y Fausto Semnfor, quienes representan al Centro de Orientación y Protección al Consumo de Energía, Agua y Ambiente (COOPCEA), la Coordinadora de Juntas de Vecinos Santiago Castro, la Fundación Voluntad Divina (FUNDOVI) y otras organizaciones.

Entre los incumplimientos graves, el informe establece que en las zonas de operación, específicamente el bunker de escoria, las aguas pluviales escurren naturalmente por el camino de ingreso y/o fuera del predio de la planta; y no se cumple con el nivel de impermeabilización requerido para evitar la infiltración de líquidos que contaminan los suelos de la empresa y en consecuencia el subsuelo y las aguas subterráneas a su alrededor, “generando un importante riesgo de traspaso de sustancias contaminantes a suelos exteriores, al subsuelo y los acuíferos”.

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Otra violación grave al permiso ambiental es que la empresa no coordina con el Ministerio de Medio Ambiente el lugar para el depósito de las escorias resultantes de su operación en el vertedero municipal, que deben ser evaluadas por las autoridades medioambientales, anomalía que fue advertida en una inspección realizada en septiembre de 2019.

“Nos sorprende sobre manera que a casi un año de tener este segundo estudio que avala la contaminación indolente que tiene esta empresa, todavía el Ministerio de Medio Ambiente no ha procedido al cierre de operaciones que le ordenó el Tribunal Superior Administrativo en el 2019” agregó Herasme.

NO PROTEGE A SUS TRABAJADORES

Herasme afirmó que la indolencia de VERI es tal que no protege la salud de sus colaboradores, pues la auditoría revela violaciones graves a los reglamentos de Gestión de Sustancias y Desechos Químicos Peligrosos y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cita como ejemplos que se detectaron emisiones de vapores ácidos sin tratamiento durante el proceso de trituración de baterías usadas; que no existe un sistema de extracción localizada que garanticen la renovación del aire en el proceso de fundición, y no se realizan monitoreo de partículas y plomo frente al horno, “para asegurar que la concentración de tales contaminantes dentro del lugar de trabajo no exceda los límites permisibles establecidos” y proteger así la salud de sus colaboradores.

Además, la planta no cuenta con equipos de ducha y lavaojos en las zonas críticas para la protección de sus colaboradores en caso de que ocurriese un accidente, ni ofrece a sus colaboradores descripción visible de procedimientos y riesgos o equipos de protección personal necesarios.

“El colmo es que ni siquiera cumple con el mandato que establece el propio Permiso Ambiental otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente, que en su numeral 13 le ordena realizar controles de plomo en sangre de manera trimestral, llevar un historial sanitario de cada empleado y presentarlo al Ministerio de Medio Ambiente en los Informes de Cumplimiento Ambiental” sostuvo.

Entidades y líderes comunitarios de Haina mantienen una lucha desde el 2018 para que la empresa sea cerrada por la contaminación con plomo que provoca. Han realizado protestas, visitado las autoridades locales y nacionales, solicitado apoyo del Congreso, la Defensoría del Pueblo y los ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública, sin lograr que las autoridades pasadas y actuales hagan cumplir la sentencia que ordena el cierre de la fábrica, emitida el 30 de mayo de 2019 por el Tribunal Superior Administrativo.