Conrado Pittaluga manejó más de RD$100 millones y más de US$1.4 millones, dice la Pepca

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), fiscal Mirna Ortiz, dijo que en la audiencia de este martes del Caso Odebrecht, el Ministerio Público incorporó todas las pruebas que demuestran los manejos y movimientos financieros de las cuentas del imputado Conrado Enrique Pittaluga.

“Hemos podido incorporar el informe financiero y sus soportes que dan fe de que Pittaluga manejó más de 100 millones de pesos y más de 1 millón 400 mil dólares en sus cuentas y productos financieros”, precisó Ortiz a los miembros de la prensa que la abordaron tras concluir la audiencia del caso.

Con la comparecencia de la testigo número 12 del Ministerio Público, la analista Marielys Abad Díaz, fueron incorporados en los dos últimos días informes financieros relativos a los imputados Conrado Pittaluga Arzeno y Roberto Rodríguez Hernández.

Ortiz destacó que “el Ministerio Público sigue fuerte, sigue firme en la incorporación de sus pruebas”.

Incluso, añadió, que en el ejercicio del contrainterrogatorio hecho por la defensa el Ministerio Público pudo mantener “la contundencia con la que nuestro testigo ha declarado y ha incorporado los informes”.

Reitero, otra vez, que los informes por sí solo no demuestran la culpabilidad o la inocencia de un encartado. “Son informes que lo que quieren acreditar es informes financieros y que luego se van a unir con otras pruebas, de donde ya podremos extraer las conclusiones en relación a la responsabilidad penal del encartado que, indiscutiblemente, de acuerdo con la teoría que ha venido preparando y que ha venido probando el Ministerio Público, será una sentencia condenatoria”, resaltó.

“Sus movimientos financieros dan cuenta de la cantidad de dinero que manejó; la vinculación, vuelvo y le reitero, con el Caso Odebrecht, vamos a verla más en lo adelante”, dijo Ortiz, quien forma parte del equipo litigante del Ministerio Público en el proceso.

Recordó que los imputados están acusados de enriquecimiento ilícito, que proviene del soborno. “Entonces, vamos a unir estas pruebas con las demás para que podamos ver más claro el panorama”, declaró.

Al ser cuestionada sobre los alegatos de parcialidad de la defensa del encartado con relación a la testigo, la fiscal de la Pepca manifestó: “la parcialidad no es algo que se alega, es algo que se demuestra en el tribunal; evidentemente, que siendo un testigo ofrecido por el Ministerio Público, ellos van a alegar que está parcializado con el Ministerio Público”.

Dijo que a la defensa se le dio la oportunidad de realizar el contrainterrogatorio y que en el mismo no arrojó ningún vicio de parcialidad en la testigo.

“Siempre, la testigo respondió una y otra vez, que realizó un resumen detallado de todas las informaciones que recibió de la Superintendencia de Bancos; entendemos que no puede haber parcialidad en eso”, apuntó la representante del Ministerio Público.

En el juicio que se desarrolla en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el equipo litigante del Ministerio Público, encabezado por el titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho, ha logrado incorporar todas las pruebas presentadas en el proceso.

Conrado Pittaluga Arzeno, de profesión abogado, y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Roberto Rodríguez Hernández, son procesados por los US$92 millones en sobornos pagados por la Constructora Norberto Odebrecht en República Dominicana para ser favorecida con contratos de obras estatales.

En el expediente figuran como imputados el empresario Ángel Rondón Rijo, el también exdirector de Inapa y exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el expresidente del Senado, Andrés Bautista García, y el exsenador de San Cristóbal, Tommy Galán Grullón.

Con las pruebas que el Ministerio Público está incorporando en el proceso procura demostrar que los encartados se enriquecieron de manera ilícita producto de sus actividades con la multinacional brasileña, en violación al Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo suspendieron el juicio hasta el jueves 25 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana, sesión durante la cual estarán escuchando a la testigo número trece del Ministerio Público.