Las últimas gestiones de la Cámara de Cuentas han estado involucradas en innumerables irregularidades, lo que revela que las auditorías siempre han sido instrumentos para ocultar actos de corrupción. Así lo evidenció este sábado el programa Nuria Investigación Periodística al presentar trabajos que ha realizado, desde el 2008 a la fecha, sobre las anomalías en ese organismo.
Al acceder a la página web de la Cámara de Cuentas llamaban la atención algunos puntos, como, por ejemplo, la pequeña cantidad de auditorías que publicaba como realizadas, tomando en cuenta que las instituciones del Estado a ser auditadas eran unas 1,470 a las que había que agregar 32 partidos y movimientos políticos y 1,196 organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos, lo que sumaba unas 2,698 instituciones y solo el 13% había sido auditada.
La gran mayoría de las auditorías publicadas correspondía a ayuntamientos y juntas municipales. Destacaban por su ausencia, los ministerios que manejan la mayor cantidad de recursos estatales: Educación, Salud Pública, Obras Públicas y Comunicaciones y la Presidencia de la República.
Otro gran fallo era que las auditorías realizadas, eran, por lo general, de 3 o 4 años atrás, lo que demuestra que los trabajos se realizaban con mucha ineficiencia.
Por su parte, la exdirectora de la Procuraduría Especializada para la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, en una entrevista que le hiciera Nuria Investigación Periodística, en julio del año 2014, declaró que las auditorías que le eran remitidas a la Cámara de Cuentas no siempre permitían que se realizaran investigaciones que pudieran curso a un expediente acusatorio.
“Esas auditorías lo que hacen es un levantamiento administrativo…no tienen ningún elemento conclusivo a la hora de establecer ninguna responsabilidad penal”, explicó.
Mientras, el actual presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, aseguró que “con un presupuesto mejor, -que espero que nos aumenten-, podremos hacer un mejor trabajo”. Pero no lo hicieron aun cuando sus directivos se subían los sueldos de forma irregular en varias oportunidades.
El presupuesto de esta institución correspondiente al año 2020, en el cual fueron asignados 974 millones 248 mil 087 pesos, se puede destacar a simple vista que solo a nómina eran destinados 716 millones 011 mil 353 pesos con 510 empleados.
Llama mucho la atención que, pese a los lujosos sueldos que devengan los miembros del pleno, el presidente gana 423 mil pesos y los demás 379 mil, en las relaciones de cuentas por pagar a suplidores figuren gastos en lavandería que van desde 34 mil 917 pesos a 51 mil 511 pesos por mes durante los años 2019 y 2020.
Y los gastos superfluos han sido otra constante en las gestiones de la Cámara de Cuentas. Nuria Investigación Periodística recordó una investigación realizada en 2008, cuando el expresidente de la institución, Ángel Terrero, nombró a una persona a la que se le pagaba para enseñar a jugar golf a los miembros del organismo, con la excusa de una actividad institucional que sería llevada a cabo en Punta Cana, así como consumos en restaurantes caros como La Casa de las Paellas, el Boga Boga y el Mesón, además de la compra de tabacos por miles de pesos a la empresa Baldwin Cigars.
“Hubo una propuesta, que no era pecaminosa para la Cámara de Cuentas, que era gestionar un préstamo para cada uno de los miembros, de 8 o 10 millones de pesos en el Banco de Reservas, para cada uno, para crear un fondo de un ahorro forzoso. De manera que en el 2010 cada uno tuviera ese dinero”, reveló Terrero en aquella ocasión.
Los miembros del pleno de aquel entonces estuvieron involucrados en múltiples denuncias, lo que llevó a la Cámara de Diputados a levantar una investigación, a través de una comisión especial y posteriormente a enviar a juicio político a los involucrados.
“Habían auditorías que no han salido, que deben salir, pero que no salieron porque no se podían decir en las elecciones, porque hacían daño a la campaña. Dije que van a salir alrededor de 90 auditorías y que de ahí se van a caer altares. Eso fue lo que dije pero por ética profesional no puedo decirlo así, tan fácil”, dijo José Maceo, exmiembro de la Cámara de Cuentas.
Pues no cayeron los altares porque las auditorías fueron archivadas.
“Cuando el pleno las analizó, entendieron, los técnicos, que las auditorías carecían de los mecanismos y las normas legales. Y el pleno decidió suspender esas auditorías para realizarlas nuevamente. Evidentemente, vieron las críticas que se les hizo al informe de la gestión anterior al 2006 y evidentemente no había el tiempo suficiente para someter a esas instituciones”, manifestó Henry Mejía Oviedo, exvicepresidente de la Cámara de Cuentas.
Y las anomalías continúan en este 2021. Así lo aseguró Wilson Camacho, director de la Pepca, el pasado lunes, cuando a primeras horas de la mañana, sorprendió al país al tomar control del edificio que alberga al organismo fiscalizador, junto a un amplio contingente policial integrado por decenas de agentes de la Policía Nacional y miembros del equipo Swat, en la denominada Operación Caracol, donde descubrieron evidencias de irregularidades.
“Estamos aquí porque la Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha sido parte del problema y no de la solución, ha sido cómplice de la corrupción y no parte del erario. Ha actuado en contra de la democracia de la República Dominicana y no a su favor. Esa es la razón por la que el Ministerio Público, dentro de la investigación que lleva en contra de los miembros de la Cámara de Cuentas, ha hecho este allanamiento en el día de hoy”, afirmó.
Camacho reveló que durante la amplia jornada encontraron “miles de documentos y evidencias, de las sospechas que tenía el Ministerio Público, de labores de maquillar auditorias para favorecer instituciones y a personas que dirigían estas instituciones, que a nuestro juicio ha realizado actos que son contrarios a la ley, que son delitos”.
Aunque el día del allanamiento, el titular del Pepca no reveló cuales instituciones y funcionarios fueron beneficiados con la alteración de los informes financieros, días después, declaró, según reseñas periodísticas, que “entre esas auditorías maquilladas figura una realizada a las obras construidas por Odebrecht entre 2002 y 2014”.
Mientras, la Pepca ya hizo la advertencia a los miembros del organismo que están siendo investigados por obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.
