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La Pepca reactiva lucha contra corrupción y persigue a ex y actuales funcionarios

Redacción N Digital.- Enfrentar la corrupción fue una de las principales promesas de campaña de Luís Abinader que, una vez en el poder, dio forma reactivando la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que agilizó la instrumentación de expedientes que implican a funcionarios de la presente administración y de la pasada gestión de Danilo Medina.

Al parecer el presidente Abinader está muy decidido con su palabra empeñada de hacer un Gobierno con justicia independiente, ético y decente y ni siquiera los suyos, dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, escapan a esta oleada.

La persecución a la corrupción administrativa se reactiva con el destape de sonoros casos que desfilan por la sede de la Procuraduría y copan las portadas de medios de comunicación.

La determinación de combatir la corrupción también impacta al actual gobierno que en tan poco tiempo ha tenido que lidiar con sus propios demonios y alrededor de 20 exfuncionarios de la gestión de Medina.

Del actual Gobierno del PRM están siendo procesados la renunciante ministra de la juventud, Kinsberly Taveras Duarte por corrupción. Mientras que por acoso sexual se investigan al director regional de Aduanas, Antonio Gómez Díaz; el suspendido director del Instituto Agrario Dominicano y Mauricio Francisco Osoria Castillo, fiscalizador de Santiago, a quien imputa por el delito de sustracción de menores.

KINSBERLI

La exministra de la Juventud es investigada por la Pepca, la cual ha tenido que acudir a citaciones del procurador adjunto Wilson Camacho.

También ha tenido que comparecer por ante la Pepca, su ex esposo Juan Carlos Ventura, quien forma parte del grupo de personas con cercanía a Taveras.

Con anterioridad, las autoridades entrevistaron a la hermana de la señalada exfuncionario, Jeimy Taveras, y a varios de sus familiares.

Los cuestionamientos a la fortuna de la ex ministra de la Juventud, ascendente a más de 74 millones, fue la Caja de Pandora que desató las alertas, a través de un reportaje hecho por Nuria Investigación Periodística.

Esta fortuna puso a la exministra en el ojo del Ministerio Público y la tiene bajo indagatorias para esclarecer su incremento financiero y empresarial.

LOS DE DANILO

En la acera de la oposición las garras anticorrupción llegaron hasta la familia del ex mandatario Danilo Medina, en la operación Anti-Pulpo que involucra a 10 ex funcionarios de la pasada gestión, encabezado por los hermanos del exmandatario Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, ex vicepresidenta del FONPER.

También involucra al exdirector de FONPER, Fernando Rosa; el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán; el ex director de fiscalización de la misma entidad, Aquiles Cristopher, todos con prisión preventiva, como medida de coerción.

Por este caso también guardan prisión domiciliaria, Freddy Hidalgo, exministro de Salud, y Rafael Germosén, ex contralor de la República.  Además, Julián Esteban Suriel Suazo,  a quien le fue ocupado un arsenal ilegal de armas,  José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.

Los involucrados en la operación Anti Pulpo están a espera de juicio de fondo.

OPERACIÓN CARACOL

La más reciente investigación es la denominada operación “Caracol”, que arropa al pleno de la Cámara de Cuentas, que está bajo la lupa de la  Pepca por alegada obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción”

Según el Ministerio Público, quien no ha presentado formal acusación, en un allanamiento de casi 12 horas se encontraron  evidencias de “maquillaje” de auditorías.

Los miembros de la Cámara de Cuentas, por separado, han sido entrevistados por el Pepca. Este caso también fue ventilado en Nuria Investigación Periodística.

LA PASTORA BENDECIDA

Siguiendo el rastro de las investigaciones anticorrupción, la misma Pepca interrogó por tres ocasiones a la pastora Rossy Guzmán, quien es cuestionada por supuesto enriquecimiento ilícito y alegados vínculos con el exjefe de la Seguridad del expresidente Danilo Medina, Adams Cáceres Silvestre.

Este caso de corrupción también fue destapado por trabajos de investigación que desarrolló Nuria Piera y que establece las operaciones financieras de las compañías Único Real State, SRL y Asociación Campesina Madre Tierra, registradas bajo la titularidad de la Maybelline Guzmán.

OTROS FUNCIONARIOS

La Pepca continúa sus investigaciones contra la corrupción y toca a otros funcionarios de la pasada gestión.

En tal sentido han sido interrogados en varias ocasiones por Camacho, el ex  ministro de Hacienda, Donald Guerrero y el exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo.

Guerrero se enfrenta imputaciones por varios delitos, entre ellos, asociación de malhechores, desfalco y estafa contra el Estado, falsedad de documentos públicos, lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa y sobre supuestas irregularidades en su declaración jurada de patrimonio, la cual supera los mil millones de pesos.

Lizardo, quien responde por una acusación hecha por el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas, ocurridos en la última etapa de las gestiones de Danilo Medina (2012-2020), de alrededor de 21 mil millones de pesos, pero las indagatorias se extienden a otros hechos, como el pago 11 mil millones de pesos para el pago de hormigón asfáltico caliente, contratado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para un plan de pavimentación de carreteras.

Otras ex funcionaria que ha debido comparecer en 8 ocasiones, es la ex la exdirectora de Compras y Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán ,quien ha debido responder sobre procesos de compras y contrataciones de instituciones que están bajo investigación por presunta corrupción durante la pasada gestión.

El más conocido de los casos por los que la exfuncionaria fue interrogada es el del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), donde se realizó una compra irregular de 40 mil kits de alimentos por la suma de cien millones de pesos ante la pandemia del COVID-19 en el país, caso por el cual el Ministerio Público lleva una investigación.

Otros funcionarios que tienen procesos de investigación abiertos en la Procuraduría y que han sido interrogados son Iris Guaba, exdirectora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia; Berlinesa Franco, exdirectora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia; Robert De la Cruz, exasistente del expresidente de la República, Danilo Medina y Radhamés Camacho, expresidente de la Cámara de Diputados.

Otra legisladora que debió comparecer ante las autoridades es Lucía Medina, expresidenta de la Cámara de Diputados, y hermana del exresidente de la República, para rendir cuentas sobre su declaración jurada de patrimonio.

De acuerdo a su declaración jurada de bienes, Lucía Medina ostenta una fortuna de 105 millones 885 mil 501 pesos.

Así como el senador de la provincia San Juan, Félix Bautista, quien en la pasada gestión ocupaba el mismo cargo, también fue interrogado por la Procuraduría General en dos ocasiones por su declaración de jurada que son de 36 millones 029,875 pesos. En el 2016, declaró activos por RD$30,484,584.

PENDIENTE

Se espera que el Ministerio Público informe cuando será llamado el hermano de la ex primera dama, Cándida Montilla, para esclarecer negocios millonarios en el sector electico.

Los denominados  reyes del sector eléctrico o pulpo eléctrico: Maxy y Alexander Montilla Sierra, recibieron millonarios contratos provenientes del sector energético en una especie de empresa familiar. Las supuestas irregularidades en la modalidad de contrataciones ascienden a más de 18 mil millones de pesos.

NIVEL MUNICIPAL

En el plano municipal se estrenó el alcalde del municipio de Pedro Brand, Wilson Paniagua, interrogado por la Procuraduría en dos ocasiones en el mes de octubre del 2020, sobre su declaración jurada.

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