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Autoridades se dilatan en resolver y decidir sobre presuntas irregularidades y faltas

Martín Adames.– En varios casos de irregularidades y faltas por parte de funcionarios, legisladores y hasta oficiales, se ha dilato una decisión o conclusión sobre ellos por parte de las autoridades correspondientes.

Uno de ellos fue el incidente que tuvo el diputado por la provincia Sánchez Ramírez Sadoky Duarte, con la raso de la Policía Nacional Disleidy Heredia Figueroa, de quien se dijo había sido golpeada por el legislador, cuando éste intervino entre un altercado con miembros de la policía y varios comunitarios.

Por ese caso, el día tres de enero la Comisión Permanente de Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados, se trasladó hasta Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, a fin de realizar una investigación con relación a los hechos que involucran al diputado Sadoky Duarte, sin embargo no se ha informado una conclusión sobre el mismo.

El 28 de diciembre, la fiscal nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), se trasladó a esa provincia para investigar el hecho, sin embargo la organización no ha concluido sobre el caso.

Ese mismo día el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, informó que sometería la expulsión del diputado Duarte, no obstante, no se materializo.

Caso Salud Pública

Otro caso pendiente de conclusión fue la destitución del primer funcionario de la actual gestión que habría cometido irregularidades, el cual laboraba en el departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública.

A finales de septiembre, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) informó que asumía «de oficio» la investigación sobre la suspensión del funcionario involucrado en supuesta corrupción.

Aunque la directora de Ética aseguró en varias ocasiones que el caso sería investigado, hasta el momento solo se dijo que se realizaría una auditoría al departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública.

Caso General

Otro caso pendiente es el del general José Manuel Frías Rodríguez, quien en un video se escuchó exigirle reverencia a dos agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), por su condición de rango superior, pese a haber estado mal estacionado.

Sobre este la Digesett dijo que el caso estaba en manos de una comisión de alto nivel de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, al tiempo que confirmó que el alto oficial violaba las leyes  63-17 y 24, artículo 81 que prohíbe a los conductores estacionarse en acera y lugares prohibidos.

Regidores

Dos regidores están también bajo investigación, uno por contrabandear cigarrillos desde Haití, y otro por presuntamente haber recibido un soborno para un aprobación de uso de suelo.

Hablamos de los regidores Sandro Adames Familia, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el municipio Comendador de la provincia de Elías Piña, y Oriol Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el municipio San Víctor, provincia de Espaillat.

Oriol Santos, del PRM, habría recibido un presunto soborno para gestionar un permiso de uso de suelo, situación divulgada a través de un video donde se le ve ir a una casa y tomar RD$20 mil pesos.

Asimismo, Sandro Adames, del PLD, fue apresado por las autoridades de la zona fronteriza por transportar 335 paquetes de cigarrillos marca Point, cada uno con 10X20 unidades, de procedencia extranjera como posible contrabando.

En enero un equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) interrogó por un espacio de cinco horas a Oriol Santos, presidente de la sala capitular del ayuntamiento de San Víctor, en Espaillat.

Hasta el momento no se ha informado de sanciones o conclusiones para ninguno de los casos.

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