El tema del aborto y la eventual inclusión de las tres causales en el Código Procesal Penal o una ley especial, enfrenta al Gobierno de Luis Abinader y la Iglesia Católica, reviviendo viejas rencillas de medición defuerza entre el clero y el poder político, que datan desde la época de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo.
El Gobierno ya hizo saber su inclinación a favor del aborto desde su presidente Luís Abinader; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; las legisladoras perremistas, encabezada por la senadora Faride Raful, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, quienes respaldaron una concentración frente al Palacio Nacional y pidieron al Gobierno y a la organización oficial total respaldo a la despenalización del aborto.
Este martes, el Arzobispado de Santo Domingo respondió convocando una masiva concentración denominada: “Gran Caravana Celeste por la Vida», en rechazo a la despenalización y en contra de interrumpir la vida desde su concesión.
En diciembre del 2020 causó gran revuelo la opinión de Abinader de que estaba en desacuerdo con el aborto libre, pero si apoyaba la existencia de causales que permitan la interrupción del embarazo. Esta aseveración la hizo conversación con el periódico español El País.
Abinader ha sido coherente con esta postura, pues cuando era candidato a la Presidencia, en el 2018 dijo: “Nuestro partido tiene una posición en cuanto a las tres causales. Nosotros pensamos que debemos apoyarlas”.
El presidente de los diputados, Pacheco, siguió con la línea de que la despenalización del aborto sería excluida del Código Procesal Penal, pero: “Las causales las vamos a someter como una nueva ley y ahí no hubo consenso como es normal pero nosotros nos proponemos en los próximos cien días, dotar al país de esta legislación”.
El sector femenino del PRM y el Gobierno, legisladoras, ministras y funcionarias de diferentes niveles se manifestaron la pasada semana frente al Palacio Nacional, defendiendo la inclusión de las tres causales del aborto en el Código Penal Dominicano. Raful, leyó un manifiesto en el que se pide al presidente Abinader y al presidente del PRM, José Ignacio Paliza, ejercer su liderazgo y ordenar a los legisladores perremeistas votar a favor de legalizar el aborto en sus tres causales.
Arzobispado SD convoca a multitudinaria caravana contra el aborto y a favor de la vida
En respuesta, la Iglesia Católica recurre a una vieja práctica y realizará una caravana en el Distrito Nacional para el 27 de marzo, desde las 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.
“Como es bien sabido por todos, estamos en plena discusión del Código Penal, para lograr que se apruebe conforme a los principios morales y constitucionales; razón por la cual nos hemos lanzado a realizar la Gran Caravana Celeste por la Vida”, indica la invitación puesta a circular por el Arzobispado de Santo Domingo y firmada por monseñor Ozoria.
La oposición férrea de la Iglesia Católica es lo que ha impedido aprobar el aborto, doblándole el brazo a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
HISTORIA DE LUCHA. No es nuevo que el catolicismo enfrente el poder político en el país, dada su alta incidencia en la sociedad dominicana y lo perjudicial que podría resultar políticamente tenerlo en contra.
En el 1960 la lectura en todas las iglesias del país de una Carta Pastoral contra el régimen de Trujillo, marcó el inicio del fin dela dictadura, que gobernó por 31 años la República Dominicana.
“En medio de esta pena, esperamos con la más viva confianza en la intercesión poderosa de Nuestra Señora de la Altagracia que, por encima de las humanas pasiones, Ella hará resplandecer la caridad y la clemencia”, fue parte del comunicado católico contra la opresión trujillista.
Juan Bosch fue el primer presidente elegido democráticamente después de la dictadura en el 1962. En su larga vida política dos grandes hechos marcaron el aspecto religioso de Bosch; el primero fue el debate con el sacerdote Láutico García y el otro fue el vídeo manipulado en donde lo presentaban diciendo “Yo no creo en Dios”
El debate con el sacerdote no fue exactamente religioso, sino sobre una acusación de carácter político al señalar al líder del PRD como marxista-leninista. Fue necesario largas explicaciones realizadas en vivo a través de una cadena nacional de radio y televisión el día 14 de diciembre del 1962, faltando apenas dos meses para las elecciones.
Pero en el caso de la acusación hecha a través de la manipulación de un vídeo en el que se veía a Bosch diciendo la frase “Yo no creo en Dios” la defensa del PRD y del mismo candidato se limitó solo a aclarar que este vídeo habría sido manipulado como realmente lo fue. Bosch fue derrocado tras un golpe de estado siete meses después de llegar al poder, en el 1963.
JOAQUIN BALAGUER
En el 1978 el PRD vuelve a ganar las elecciones poniendo fin a los 12 años de Joaquín Balaguer, desatándose una crisis política-social porque el Partido Reformista se resistía entregar el poder. Incluso, hasta se gestó un golpe de estado por la cúpula militar de entonces, que fue desarticulado por el propio Balaguer.
Los obispos se vieron en la necesidad de cancelar un viaje a Roma e intervenir en la tensa situación política y social del país y favor de que se respetara la voluntad popular. Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, entonces obispo de San Francisco de Macorís, denunció las presiones de Balaguer a la JCE “para burlar la voluntad popular de manera increíble”.
El fenecido presidente Salvador Jorge Blanco vivió uno de los momentos más convulsos del país, que fue la poblada de abril de 1984, tras la firma del acuerdo de sombra con el Fondo Monetario Internacional que conllevó a la carestía de productos de la canasta básica.
La población se lanzó a las calles a protestar, en todo el territorio nacional, cosechando decenas de muertos. La Conferencia del Episcopado Dominicano emitió una carta pastoral en la que expresaba que la sociedad estaba bajo una gran amenaza y establecía que los pobres eran la gran mayoría del pueblo, por lo que tenía sobrada razones para expresar en las calles su desesperación por la situación económica.
Un rompimiento total se dio en el año 2002 entre la Iglesia Católica y el Gobierno de Hipólito Mejía. El mandatario de entonces y el presidente del Senado, Ramón Alburquerque se enfrentaron a la Iglesia y al cardenal López Rodríguez, que le costó mucho electoralmente al partido de Gobierno.
Todo comenzó cuando el 2002, Mejía produjo una reforma constitucional con el único propósito de reintroducir la reelección presidencial.
Los obispos salieron al frente a las pretensiones del entonces mandatario con tres contundentes comunicados en su contra. En un primer mensaje, establecía que la reforma debía darse en base a “respeto a su carácter sagrado” y que por su carácter perdurable debe ser fruto del mayor consenso.
Otro mensaje Episcopado titulado: “No, a una nueva reforma precipitada de la Constitución”, exhortando a la reflexión respecto a la mala experiencia de todas las reformas que se han hecho precipitadamente.
“Creemos que el número de personas y grupos sociales que han expresado públicamente su oposición a la iniciativa del Senado es muy elocuente y significativo”, advirtió.
Un último mensaje daba cuenta de que “Gran parte de nuestros males históricos tienen precisamente su origen aquí, en el apego al poder. De los que, habiéndolo conquistado, no quisieron abandonarlo y de los que por adquirirlo no dudaron en recurrir a cualquier medio”.
En el 2003, la clase sacerdotal volvió a arremeter contra las declaraciones del director del Departamento de Persecución de la Corrupción tras acusar a los religiosos de “apadrina corruptos”.
El expresidente Danilo Medina no escapó de los señalamientos de los obispos. En el 2016, observó justamente la Ley sobre el Código Penal para dar paso a la posibilidad de que se despenalice el aborto en las tres causales que son objetos debate en la actualidad.
El arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Ozoria, advirtió que si el país no despierta “vamos hacia una dictadura”.
En semana Santa el Sermón de las 7 palabras fue fulminante a los aprestos reeleccionistas del sector de Medina, cuando sacerdotes se pronunciaron en contra de una eventual repostulación para el 2020 porque “pretenden perpetuarse en el Poder” aunque para lograrlo “haya que pisotear una vez más la Constitución”.
