Santo Domingo – Un tribunal impuso un año de prisión preventiva a un hombre de nacionalidad italiana que fue sometido por el Ministerio Público por su vinculación al lavado de activos y evasión fiscal y por el reetiquetado de productos vencidos que ofertaba para purificar alimentos y “eliminar el coronavirus”.
Se trata de Carlo Ferraris, quien desempeñaba la función “de abogado”, desde su oficina de nombre “LexGroup”, ubicada en Malecón Center del Distrito Nacional, servía como el estratega de inversiones en República Dominicana para cabecillas criminales que llegaban al país con millones de dólares para invertirlos en bienes raíces y en la creación de empresas.
La jueza Kenya Romero, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió en su totalidad la solicitud del Ministerio Público y además de la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, declaró el caso complejo.
Ferraris fue apresado el 23 de marzo pasado en las afueras de un gimnasio del Distrito Nacional, durante la “Operación Arquitecto”, ejecutada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilat).
El Ministerio Público indicó que las autoridades han asestado un duro golpe al lavado de activos con delitos precedentes como el reetiquetado de productos de salud vencidos, evasión fiscal y estafa agravada.
Desde tempranas horas de ese día, un fiscal antilavado daba seguimiento a Ferraris y ejecutó el arresto junto a un equipo de la Policía Nacional. Posteriormente, se trasladaron a LexGroup a realizar un allanamiento con la presencia del imputado, mientras que otros dos fiscales allanaban en otros dos lugares.
Junto a Ferraris, también fue sometida su pareja sentimental, Mirtha Carolina Terrero, a quien le fue impuesta como medida de coerción una garantía económica de un millón de pesos por una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica los días 30 de cada mes.
También, Yolenny Féliz, quien también recibió la medida de presentación periódica los días 30 de cada mes e impedimento de salida del país. Féliz presentó un certificado de embarazo.
Ambas, de acuerdo con las investigaciones, se encargaban de reetiquetar los productos vencidos.
Las autoridades se incautaron de un vehículo propiedad de los investigados, así como de 10,668 dólares, 29,727 pesos dominicanos, 1,485 euros y 20 libras esterlinas.-
