El abogado Félix Portes solicitará este martes a la jueza acceso a los medios de comunicación en el conocimiento de medida de coerción, a fin que la sociedad vea de lo que se acusa al coronel Rafael Núñez de Aza, y sus respuestas ante las mismas.
“Él no solamente era coronel, él tenía empresas desde el año 1995, o sea no fue que a nuestro representado, en el año 2012, cuando entró en funciones como financiero, no fue que lo agarraron limpiando vidrios en una esquina”, señaló el representante del coronel.
Félix manifestó que aportarán todo lo relativo a las actividades empresariales de su defendido, de quien asegura es un próspero comerciante desde el 1995, y considera que no se corresponde con la forma que el Ministerio Público lo describe en la solitud de medio de coerción.
“Estamos listos para esta audiencia de medida de coerción, lo que vamos a pedir a la jueza es que obviamente que esto se ventile, de manera pública porque él tiene familiares, tiene hijos, tiene esposa y lo que queremos es que todo esto se ventile para ver exactamente cuál es la situación real de él ante la justicia, expresó el Portes.
Se recuerda que el Ministerio Público arrestó este sábado al mayor general Adams B. Cáceres Silvestre, a la pastora Rossy Guzmán Sánchez y a otros tres vinculados a una red de corrupción desmantelada tras una amplia investigación denominada “Operación Coral”.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabezan los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, arrestaron además a Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y Tanner Antonio Flete Guzmán.
Los arrestos y los allanamientos se enmarcan dentro de las acciones contra la corrupción administrativa que desarrolla la Procuraduría General de la República bajo la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito.
El Coronel Núñez de Aza es acusado de violar la ley 155-17 de lavado de activo, la ley 72-02, ley sobre declaración patrimonial, asociación de malhechores, entre otros tipos penales.
Félix también enfatizó que espera que se le dé la oportunidad de explicar cada uno de esos alegatos en esa solicitud de 195 páginas.
“Que se investigue bien porque hacer un sometimiento y someter a una persona a prisión preventiva mientras tanto crea un daño”, señaló el abogado.
Así mismo, el jurista señaló que su defendido no es suplidor del estado y no ha hecho ni un solo negocio con el estado dominicano. Y que tiene sus empresas particulares y ningunas de esas empresas ha recibido un solo cheque con relación a Cestur y a organismos que el mismo trabajaba.
