El Ministerio Público aseguró que hay más personas bajo investigación por el entramado de corrupción, a través de la Operación Coral, razones por las que adelantó vendrán más allanamientos y arrestos.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) aseguró que el expediente acusatorio está hecho bajo los más altos estándares de calidad en aportes de pruebes que comprometen al mayor general Adán Cáceres y compartes.
Reafirmó que han construido un proceso blindado. “Este es un proceso que se ha construido con el más alto estándar de calidad dentro del funcionamiento del Ministerio Público; es algo que nosotros ponemos todo el empeño”, indicó.
Dijo que los imputados han tratado de entorpecer las investigaciones del Ministerio Público y que gracias a la reacción rápida de esta institución han podido recabar la cantidad de pruebas con que cuentan, “que la propia defensa ha reconocido que son abundantes; hemos dicho que son fulminantes y que las defensas no podrán reaccionar ante ellas”.
Sobre el avance de las pesquisas, Wlson Camacho dijo que hay más personas que se seguirán investigando y que se seguirán arrestando, y en la medida de que sea necesario el Ministerio Público las procesará y las presentará a los tribunales.
El equipo que representa al Ministerio Público lo encabezan los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Además, forman parte los fiscales Marinel Brea, Mervin Romero, Emmanuel Ramírez, María Melenciano, Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado.
Al inicio de la presentación de la solicitud de medidas de coerción, el magistrado Camacho dijo que el Caso Coral muestra la corrupción en las entrañas del poder.
“En la medida en que este tribunal pueda tener contacto con las personas que el Ministerio Público imputa en este proceso y los hechos que el Ministerio Público les imputa estará en condición de verificar por qué decimos que este es un caso de corrupción en las entrañas del poder”, señaló.
El grupo es procesado por acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
A petición de la defensa, la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso un receso para reiniciar el proceso la tarde de este jueves.
Agregó que la corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el clima de desarrollo de una sociedad.
De su lado, el titular de la Pepca explicó que el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y dijo que ello es una consecuencia de que se haya solicitado la declaración del caso complejo.
“Además, nosotros hemos demostrado en el tribunal que este es un caso de los más complejos que ha manejado el Ministerio Público, donde tenemos información que tenemos que analizar, a fin de determinar hasta dónde llega este entramado de corrupción que ha depredado fondos públicos”, dijo Camacho, tras reiterar que por ello solicitaron 18 meses de prisión preventiva.
