SANTO DOMINGO, República Dominicana. La defensa técnica de los imputados en el caso Odebrecht consideró “poco serio” que el Ministerio Público denomine “arsenal de pruebas” a los reductos de evidencias que pudo incorporar en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y que no son más que documentos obtenidos en registros públicos y pruebas aportadas por los propios acusados.
“La Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción (PEPCA) informó a la prensa que cerró el jueves el proceso de incorporación de evidencias ante el tribunal con 1,700 pruebas, pero en sus redes sociales de la Procuraduría General de la República (PGR) dice que fueron 1,200 las pruebas presentadas, aunque en realidad quedó solo una fracción de las inicialmente anunciadas”, dice la defensa de los imputados.
“Todo lo que ha ocurrido es que cientos de supuestas pruebas contra los imputados han sido demolidas por la defensa técnica y, en esa virtud, fueron rechazadas tajantemente por el tribunal, incluyendo las famosas delaciones premiadas que eran el corazón de la acusación”, planteó la defensa técnica en una nota de prensa.
Agregó que el “Ministerio Público solo cuenta con un reducto de papeles sin valor probatorio”. Las defensas técnicas han reiterado que se ha abusado de la inteligencia del público en general llamando “pruebas” a una serie de documentos incapaces de conectar a alguno de los imputados con algún ilícito penal, específicamente con el pago o la recepción de algún supuesto soborno. En ese orden, pusieron de ejemplo las actas de nacimiento y de matrimonio de imputados y familiares, lo mismo que documentos constitutivos de sociedades, que el Ministerio Público llama alegremente “pruebas”.
Manifestaron que también quedó muy claramente establecido que los testigos llamados “claves” por el Ministerio Público se circunscribieron a decir “no sé”, “no recuerdo”, “no puedo confirmarlo”, cuando fueron sometidos a contrainterrogatorio de parte de la defensa técnica de los imputados.
Todos esos “testigos claves” reconocieron no haber laborado para Odebrecht para la fecha en que la acusación afirma que ocurrieron los supuestos sobornos, y que todo lo que declararon fue precedido siempre por la muletilla “… en base a las delaciones premiadas y los datos de los colaboradores…”, documentos que -como hemos apuntado- fueron excluidos del proceso, por violar la forma en que deben incorporarse las declaraciones de los testigos en un proceso penal (oralidad). Agregaron -también- que los “testigos” no mencionaron el nombre de un solo “delator premiado” ni en qué circunstancia le habrían narrado aquel culebrón, por lo que -al valorar la prueba- el tribunal habrá de reconocer que éstos no llegan ni siquiera a “testigos de referencia”.
Los profesionales de las ciencias jurídicas que defienden a los imputados afirmaron que -en buen derecho- el caso Odebrecht no existe, porque el Ministerio Público no cuenta con pruebas sobre alegados repartos de soborno ni ha presentado a un solo sobornado que corrobore la teoría que ha tratado de sustentar.
Desde su óptica, a lo largo del proceso se ha ido confirmando la teoría de la magistrada Miriam Germán, ex jueza de la Suprema Corte de Justicia y hoy Procuradora General de la República, quien llamó la atención en su momento sobre las debilidades de las pruebas para llevar a cabo una acusación exitosa respecto al caso.
