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La deportación del activista argentino Juan Grabois, a quien se le impidió el ingreso a Colombia, volvió a tensar la relación entre los gobiernos de Iván Duque y Alberto Fernández, quienes ya sostuvieron un incidente diplomático a principios de mayo.
El martes, Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), llegó a Bogotá junto con una comitiva de 20 líderes sociales de Argentina que llevaban como misión observar las protestas que se viven en Colombia desde el pasado 28 de abril, que han sido reprimidas por las fuerzas de Seguridad y que le han generado a Duque una grave crisis política debido a las múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos.
Grabois adquirió hace años notoriedad pública en Argentina gracias a que es uno de los personajes más cercanos al papa Francisco, a quien suele ver o comunicarse con frecuencia. Además, sus recurrentes críticas a la gestión de Fernández han desatado fuertes polémicas porque es considerado uno de los líderes más radicales de los sectores sociales que apoyan al peronismo.
Gracias a este protagonismo, se incorporó a la misión de observadores independientes de las protestas en Colombia, pero el martes por la noche comenzó a circular un video en el que las autoridades migratorias de ese país le impedían el ingreso.
Ismael Jalil, otro de los activistas que viajó a Bogotá por invitación de diversas organizaciones, también estuvo a punto de no entrar, pero finalmente solo fue demorado al intentar defender a Grabois, quien finalmente fue deportado de regreso a Buenos Aires.
Los 19 dirigentes sociales que lograron pasar permanecerán en Colombia hasta el 2 de junio. En este lapso tienen previsto asistir a protestas en diferentes ciudades, entrevistar a los manifestantes, reunirse con organizaciones locales y después realizar un informe.
Además de la CTEP, en la delegación hay representantes del Servicio de Paz de Justicia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la Asociación Americana de Juristas, el Frente de Organizaciones en Lucha y la Asociación de Trabajadores del Estado.