Por: Joel Suriel La defensa técnica del mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, informó este lunes que apelará la medida de coerción contra su defendido, que lo mantendrá por unos 18 meses en prisión preventiva, acusado de corrupción y de encabezar un entramado militar durante su gestión al frente del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial en los gobiernos del expresidente Danilo Medina.
El abogado Romer Jiménez, parte de la defensa técnica de Cáceres Silvestre, aseguró que la prisión del mayor general es irregular, porque al momento de detenerlo, supuestamente se le violaron sus derechos fundamentales y el debido proceso, las cuales harían “colapsar” el caso coral.
“La prisión de nuestro detenido es irregular, porque en su contra se violaron derechos fundamentales y el debido proceso. Esas violaciones tarde o temprano harán colapsar el Caso Coral, y solo perderá la noble lucha contra la corrupción con la que el general Cáceres está de acuerdo”, indicó el jurista durante una rueda de prensa en la que no permitieron preguntas.
En cuanto a un supuesto atentado en contra de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, el abogado Romer Jiménez dijo que la defensa de Cáceres Silvestre es la más interesada en que esas investigaciones lleguen a las últimas consecuencias.
“Nosotros los más interesados en que una situación como la que ustedes acaban de exponer sean investigadas hasta las últimas consecuencias, creen ustedes que un rumor como éste representaría a nuestro representado, o no sería él la primera persona que sería sospechosa”, preguntó el profesional del derecho.
Los abogados califican de absurdo la acusación contra Cáceres Silvestre, ya que se le señala de haber desfalcado por más de 3 mil millones de pesos al Estado dominicano, mismo monto que corresponde al presupuesto que manejó el mayor general durante sus 8 años al frente del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial.
“Calificamos de absurdo que el desfalco por el que se acusa a nuestro representado en los 8 años que estuvo al frente del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial fue de 3,000 millones de pesos, si decimos que es absurdo es porque ese fue el presupuesto total agotado en los 8 años”, señaló el jurista.
La defensa técnica del exjefe de seguridad del expresidente Medina indicó que la medida de coerción fue abordada sin ningún rigor, pero “sí se notó la intención de explotar el sensasionalismo, porque dejó de lado el hecho cierto y comprobable que esos recursos representaban la totalidad del dinero manejado durante los 8 años.
“No hubo una sola pregunta que no fuera respondida abierta y ampliamente por nuestro representado a los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho con pleno lujo de detalle”.
El pasado 10 de mayo, la jueza Kenya Romero dictó prisión preventiva de 18 meses contra los acusados en el caso Coral, en el que se involucra al exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, quien supuestamente encabeza el entramado militar.
Tanto el mayor general, como el coronel Rafael Núñez de Aza, Alejandro Montero, Tanner Flete Guzmán, cumplen los 18 meses de prisión preventiva en el Centro Correccional de Najayo Hombres, mientras la pastora Rossy Guzmán está en Najayo Mujeres.
La jueza Romero acogió la solicitud del Ministerio Público en cuanto a la variación de la medida de coerción contra el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien fungió como el testigo clave en el conocimiento de medidas de coerción a los implicados en el caso Coral.
A este grupo se le señala por encabezar supuestamente un entramado militar en el que desarrollaban actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), principalmente con el abultamiento de la nómina.
Este caso dio un giro el pasado jueves, cuando el mayor Raúl Alejandro Girón dio detalles de como funcionaba el entramado militar encabezado por Cáceres Silvestre.
También ofreció detalles de las operaciones que llevaban a cabo para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
De manera específica se refirió al rol que supuestamente dentro de la red ejercía el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exresponsable del Cusep en la administración de Danilo Medina, así como la pastora Rssy Guzmán con maniobras que desarrollaban, según dijo, a través del coronel policial Rafael Núñez de Aza, según recoge en un comunicado el MP.
El imputado también mencionó como parte de la supuesta trama al general Juan Carlos Torres Robiou, hasta poco director del Cestur.
