Ante una probable tercera derrota consecutiva en las elecciones presidenciales de Perú, Keiko Fujimori pretende anular 200.000 votos convencida, de momento sin pruebas fehacientes, de que el partido de su rival Pedro Castillo urdió un supuesto “fraude sistemático” para llevarse la victoria.
La hipótesis de la candidata derechista es que el izquierdista partido Perú Libre “controló” cientos de mesas electorales en las zonas rurales donde el profesor y líder sindical del magisterio tuvo una votación aplastante.
Son votos ya contabilizados que inicialmente no fueron impugnados por ninguno de los dos partidos en esta contienda electoral, cuyo correcto desarrollo y transparencia fue destacado por las misiones electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore)
1.- UNA SITUACIÓN INÉDITA
Esta situación es extraordinaria e inédita, como destacó el miércoles el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, pues nunca antes un candidato había solicitado invalidar cientos de miles de votos cuando veía el triunfo cuesta arriba.
Para el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta, es un paso más en la intensa campaña mediática y política contra los organismos electorales, iniciada antes de la votación con noticias falsas para sembrar la desconfianza y que cualquiera de los dos candidatos gritara fraude.
Según dijo a Efe Tuesta, la maniobra legal de Fujimori traslada esta campaña al plano judicial cuando las mayores probabilidades de triunfo eran para Castillo, que tiene el 50,2 % de los votos frente al 49,8 % de la candidata derechista al 99,2 % del escrutinio.
La diferencia entre ambos es de 70.000 votos, un margen que se esfumaría en favor de Fujimori si los jurados electorales aceptan sus recursos.
2.- EL “ABUSO” DE UN DERECHO
Por dos días tras la votación, un grupo de abogados de grandes estudios ha trabajado a favor de la candidatura de Fujimori para revisar acta por acta en busca de supuestas irregularidades en aquellas zonas rurales y pobres donde Castillo tuvo un apoyo multitudinario.
Con ese costoso apoyo legal, el objetivo de Fujimori es restarle a Castillo los suficientes votos como para que ella pueda ganar la Presidencia, bajo el argumento de que los miembros de mesas actuaron de mala fe.
“Nuestro sistema electoral tiene muchas garantías en contra de la posibilidad de un fraude. Una de ellas es el derecho a pedir la nulidad de actas, pero una organización democrática no abusa de ese derecho”, indicó el politólogo Martín Tanaka en redes sociales.
3.- DOS SEMANAS DE INCERTIDUMBRE
Los recursos presentados pueden alargar la definición de las elecciones presidenciales hasta dos semanas más, según advirtió Tuesta.
Hasta ahora hay al menos 600 recursos que deben ser resueltos uno por uno por los Jurados Electorales Especiales, de los que hay en total 60 en el país, conformados por tres miembros cada uno.
Sin embargo, muchos de estos recursos pueden ser apelados luego al pleno del JNE, compuesto por cuatro magistrados a los que les llegaría una gran carga procesal con la presión de resolverla en pocos días.
“El juez electoral tiene que valorar un principio básico: preservar y garantizar el voto, que es la interpretación de la voluntad popular, y no por cuestiones que, pudiendo ser no regulares, no son lo suficientemente contundentes como para anular todos los votos”, comentó Tuesta.
4.- SIN PRUEBAS DE PESO
Dentro de la normativa electoral de Perú, un acta electoral solo puede ser anulada en caso de que se demuestre de manera contundente que ha habido fraude a gran escala, cohecho, violencia o intimidación para inducir a las personas al voto.
Sin embargo, los indicios de Fujimori son que había mesas controladas supuestamente por miembros de una misma familia por tener el mismo apellido, o también por considerar “estadísticamente improbable” que haya mesas donde todos los votos hayan sido para Castillo en zonas de gran apoyo para este candidato.
Tuesta indicó que hay zonas del país donde abundan determinados apellidos y que el sorteo de los miembros de mesa se hace a inicios de año, cuando nadie podía anticipar que Castillo pasara a la segunda vuelta, y además había un plazo para impugnar a sus integrantes.
A ello se une la precariedad del partido Perú Libre, que a duras penas ha podido organizarse para armar una improvisada candidatura presidencial, como para además planificar un fraude masivo electoral, como precisó Tanaka.
5.- UN HORIZONTE DE INESTABILIDAD
“Lo que temo es que, mientras se resuelven los recursos, se va a seguir hablando de fraude y va a seguir la campaña contra los organismos electorales, y si no les resulta favorable insistirán en que es fraude”, anticipó Tuesta.
En ese sentido, desde sectores cercanos a Fujimori se acusaba del presidente del JNE de haber sido en el pasado abogado de terroristas, algo que él ha negado de manera enfática, pero que busca vincularlo con la etiqueta de “terroristas” que le han puesto a Perú Libre sus contrincantes.
Para Tuesta, esta situación puede desencadenar en “situaciones de inestabilidad política de efectos incontrolados, porque si Castillo asume la Presidencia, se le dirá que es un presidente ilegítimo”, algo similar a lo que ocurrió en 2016 cuando Keiko Fujimori tampoco aceptó su derrota frente a Pedro Pablo Kuczynski.
Fuente: EFE
