El expediente de investigación abierto por el Ministerio Público contra los implicados en la red internacional de narcotráfico liderada por Miky López y su esposa la diputada por el PRM de La Vega, Rosa Amalia Pilarte, señala que solicitarán prisión preventiva como variación de la medida de coerción que tienen impuestos.
“Que sean variadas las medidas de coerción que pesan sobre los acusados Miguel Arturo López Florencio, José Antonio Román, José Miguel López pilarte, Miguel Arturo López Pilarte, Ada maría Ilarte de Inoa, por la consistente en Prisión Preventiva, ya que es la que más se ajusta al caso”, indica el documento del MP.
Hace casi un año, el 20 de junio del 2020, la Oficina Judicial de Atención Permanente de La Vega impuso una garantía económica, así como tres meses de prisión preventiva como medidas de coerción a los López Pilarte, acusados de lavado de activos proveniente del narcotráfico.
El tribunal dispuso en ese momento que Miguel Arturo López Florencio (a) Miky López, fuese quien cumplieran la pena de tres meses de prisión preventiva, mientras que Miguel Arturo López Pilarte, José Miguel López Pilarte y Ada María Pilarte pagarán la garantía económica de un millón de pesos en efectivo y Esteban Pérez solo diez mil pesos.
El Ministerio Público también solicitará que sea acogida tal y como fue planteada, de manera total, la acusación de los implicados en la red criminal de narcotráfico, así como a las personas jurídicas siguientes: Inmobiliaria Gloria Ivette, Agropecuaria Gloria Ivette, Auto Crédito Selecto, SRL, Servi Crédito Gloria Ivette.
“En consecuencia se dicte Auto de apertura a juicio en su contra por violación a los artículos 2 acápite XLVII sobre “Tráfico Internacional”, 4 letra E sobre “Patrocinador”, 7, 8 categoría I, acápite III, Código 7400, 9 letra E, 28, 33, 34, 35, 60, 75 párrafo III de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controlada de la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano, así como los artículos 66, 67, 69, 70, 71, 83, 86, de la Ley 631-16 Para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, los artículos 2 acápite XLVII sobre “Tráfico Internacional”, 4 letra D sobre “Traficante”, 7, 8 categoría I, acápite III, Código 7400, 9 letra E, 28, 33, 34, 35, 60, 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controlada de la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano Además de los artículos 2 numeral 11, 3 numerales 1, 2,
3, 7, 4, 9 numerales 1 y 2, 23, 24, 25 de la Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Violación a los artículos 59 y 60 del Código Penal Dominicano y Violación a los artículos 50, 52, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 209, 210, 212, 213, 215, 221. 222, 236, 238, 239, 248, 249, del Código Tributario Modificado por la Ley 11- 92, en contra de los acusados… En cuanto personas jurídicas Inmobiliaria Gloria Ivette, Agropecuaria Gloria Ivette, Auto Crédito Selecto, SRL, Servi Crédito Gloria Ivette por Violación de los artículos Violación a los artículos 3, 4 numeral 8, y 24 de la 155-17 sobre el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, indica el expediente.
Solicitan además, “que sean ratificadas las medidas cautelares ordenadas con autorización judicial que pesan sobre los bienes muebles que fueron secuestrados, los inmuebles que fueron incautados, el dinero inmovilizado, así como demás objetos secuestrados en ocasión de los allanamientos, registros de vehículos, registro de personas e inspección de lugares”.
Asimismo, “Que sean disueltas las compañías acusadas de lavado de activos, en virtud del artículo 8 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y el acta que les creo registro mercantil en la Provincia de la Vega, estás son: Inmobiliaria Gloria Ivette, Agropecuaria Gloria Ivette, Auto Crédito Selecto, SRL, Servi Crédito Gloria Ivette”.
Otra de las solicitudes, “Que se admitan como partes para el juicio a la Procuraduría Fiscal de La Vega y la Procuraduría Fiscal Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo como Ministerio Público en representación del ESTADO DOMINICANO”.
