El vicepresidente del Consejo Unificado de las Empresas de Distribución de Electricidad (Edes), Andrés Astacio, sostuvo que a pesar de no presentarse informes de auditorías en la empresa desde el 2016, emprendieron una auditoría legal para la reconstrucción de los procesos y el orden de la compañía.
Asimismo, ante la situación y contratos encontrados en las instituciones, indicó que una parte de los valores que se invirtieron en las Edes se invirtieron desde la CDEEE, relacionando dicha institución con un “pulpo institucional”.
“La CDEEE era prácticamente omnipresente en el sector, todos los financiamientos internacionales, todas las inversiones financiadas a través de préstamos con organismos multilaterales, se hacían era a través de la CDEEE”, planteó el abogado.
“En la medida que se fueron profundizando las investigaciones se empezaron a identificar patrones, patrones de conductas…empezamos a encontrar que estas compras que nos cuestan 25, 50, 100, 200, 300, 500 más, son recurrentes, y estos patrones giran en torno a las mismas empresas”, agregó Astacio.
Manifestó que los procesos supervisados por los organismos internacionales estaban bien, pero las mismas acciones “dolosas” se repetían, formando así un patrón en las prácticas registradas.
“Aquella misma empresa, en el mismo periodo de tiempo, con las mismas fichas técnicas, te vende a ti a 100, pero a otro le vende a 500, el mismo producto, lo que pasa es que son patrones lamentablemente que se repiten de forma diferente”, sostuvo en una entrevista realizada en el programa Hoy Mismo Matinal.
Recordando que, la querella depositada ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), establece que hubo un presunto entramado “criminal” de personas y empresas que estafaron al Estado a través de las Edes por más de 20 millones de pesos.
El fraude contra el Estado, indica la querella, no se realizó únicamente a través de contrataciones ilícitas en las Edes sino que también era ejecutado directamente con la CDEEE, a través de licitaciones manejadas a favor de los querellados, incluso cuando dichos procesos eran realizados con fondos provenientes de facilidades crediticias otorgadas por organismos internacionales.
