La Asociación Comercial de la calle El Conde (Asoconde), dijo este jueves que la ocupación del parqueo que se encuentra en la referida calle en intersección con la calle José Reyes por parte de la Alcaldía del Distrito Nacional, es un atentado contra la seguridad jurídica de la República Dominicana.
El planteamiento lo hizo el abogado Luis Yépez Suncar, representante legal de Asoconde, quien aseguró que esa entidad gestó de manera eficiente la administración del parqueo por más de 10 años.
“Si en el país se está viviendo un estado democrático, constitucional y de derecho, no se puede de ninguna manera, de una manera atropellante y por la fuerza desalojar a ningún tipo de persona que tenga un arrendamiento porque esto atenta contra la seguridad jurídica”, dijo el jurista.
Durante una entrevista en el programa El Gobierno de la Mañana, Yépez explicó que en 2007, durante la gestión que dirigía el alcalde Roberto Salcedo, se firmó un contrato de arrendamiento por 10 años para el parqueo de El Conde, mientras en el en 2017, con el cabildo de David Collado, se pidió se entregara el parqueo, a lo que Asoconde alegó no haber ningún motivo para dicha entrega.
Este jueves, la Alcaldía del Distrito Nacional cerró temporalmente el edificio de parqueo municipal de la calle José Reyes en la Ciudad Colonial por una falla en su estructura.
Desde tempranas horas de este jueves personal de la Alcaldía procedió a tomar el control del edificio que es administrado desde hace años por la Asociación de Comerciantes de la Calle El Conde (Asoconde).
“En virtud de las potestades que nos otorga la Ley No. 176-07 y la Constitución de la República Dominicana, procedemos la mañana de este jueves con la intervención y cierre temporal del edificio que aloja el Parqueo Municipal de la calle José Reyes, en Ciudad Colonial, a causa de que las fallas estructurales que tiene el edificio ponen en riesgo la vida de las personas”, dice un comunicado de la Alcaldía.
Indica que Asoconde no cuenta con calidad legal para operar las instalaciones debido a que el contrato de arrendamiento que poseía venció en el 2017. Destacó, además, que teniendo conocimiento del peligro que representa el daño en la infraestructura, continuaban operando las instalaciones en desmedro de la seguridad e integridad de los ciudadanos y turistas que visitan el área.
