El senador de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Iván Silva aseguró que se han iniciado las vistas públicas en miras a una reforma integral de la Ley de Seguridad Social, reforma que debió efectuarse hace 10 años.
Indicó que la Ley ha sido sometida a diferentes modificaciones pero no ha servido para que los diferentes actores lleguen a un acuerdo y exista un balance en cuanto a las prioridades que tienen cada uno de los grupos.
“Se empezaron las vistas públicas en miras a una reforma integral de la Ley de Seguridad Social, es decir, es un mandato que hace la misma Ley, algo que se debió haber hecho hace 10 años y que no se ha realizado lamentablemente”, expresó Silva.
Producto de la misma Ley, la Dirección de Aseguramiento en Salud para los Regímenes Subsidiarios (DARS) y el Colegio Médico Dominicano (CDM) estuvieron envueltos en un conflicto, luego de que el CDM emitió amenazas de paros y huelgas a una de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
No obstante, se provocó un acercamiento con las dos entidades junto al Ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, quien servirá de mediador el próximo lunes en una discusión entre los dos grupos para llegar a un acuerdo mediante las propuestas que se entregarán por parte del ministro.
Por otro lado, en medio de un momento difícil como lo ha sido la pandemia del Covid-19, según el senador por el PRM, las ARS y las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) privadas amasaron ganancias extraordinarias, registrando en principios de pandemia más de 3 mil millones de pesos.
“Todo esto es producto de la Ley, todo esto es producto de resoluciones y enmiendas que se han venido haciendo en el pasar de los años, 20 años ya en el consejo de la seguridad social, que solamente han ido en beneficio para un solo grupo”, sostuvo el legislador en una entrevista realizada en el programa Hoy Mismo Matinal.
La Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social tiene como objeto establecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) en el marco de la Constitución de la República Dominicana, para regularla y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales.
