El vocero de la Comisión Nacional de Economía de Alianza País (AlPaís), Francisco Tavárez reveló que el corredor Núñez de Cáceres, perfila un déficit financiero de RD$89.7 millones al año, que sectores empresariales pretenden sea asumido por el Estado.
Tavárez afirma que, “el proyecto se presenta como una Alianza Público-Privada con la empresa COCHONUCA SRL, filial empresarial de CONATRA, pero como siempre, el riesgo económico tiene que ser asumido unilateralmente por el Estado.”
Hablando en nombre de la comisión de AlPaís, Francisco Tavárez recordó que, a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Corredor Núñez de Cáceres se implementó con una proyección de 12,125 pasajeros por día, en una ruta de 10.2 klmts. que va desde el sector Los Ríos hasta el Centro de los Héroes. Sin embargo, el flujo de transeúntes propuesto no se alcanzó en el primer cuatrimestre de operación del corredor, contando con tan solo un abordaje diario de 5,000 a 6,000 usuarios, entre otras razones porque de RD15.00 que costaba el pasaje cuando lo ofrecía la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), la nueva empresa lo elevó a RD$35.00, es decir, más de un 100%.
Ahora pretende la empresa que “el faltante operacional de pasajeros que asciende a más 7 mil pasajeros diarios, lo asuma el Estado, lo que representaría unos 89.7 millones al año, es decir, estamos ante una nueva versión de peaje o tarifa sombra”, afirmo Tavárez.
A partir de informaciones recogidas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo (PMUS GSD), la Comisión del partido mostró su preocupación ante el elevado déficit financiero que, según afirmaron a través de un comunicado, tendría como consecuencia “un riesgo fiscal de alta dimensión que implicaría cientos y hasta posiblemente, miles de millones de pesos”.
“Después de cuatro meses de operación, la iniciativa de APPs promovida desde el gobierno a través del INTRANT luce empantanada financieramente, operando con déficits de movilidad de pasajeros lo que se traduce en problemas de todo tipo e imposibilita al Fideicomiso de Movilidad y Transporte (FIMOVIT) el pago a accionistas y propietarios del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), por lo que cunde el pánico y la desesperación entre los ex choferes de carros públicos”, explico el vocero de la Comisión de Economía de AlPaís.
Francisco Tavares concluyó afirmando que “detrás de estos negocios que se hacen con servicios públicos el ciudadano termina perjudicado por doble vía, primero porque debe pagarlo más caro el servicio y al mismo tiempo le sustraen sus impuestos para ir a engrosar los intereses del sector privado beneficiario.”
