Santo Domingo.– Los abogados del exprocurador de la República Jean Alain Rodríguez negaron este miércoles que su defendido hubiera tenido conocimiento de que su domicilio iba a ser objeto de allanamiento y reiteraron que su ausencia durante el registro se debió a compromisos familiares en el interior del país.
“Si la Procuraduría General de la República hubiese tomado la medida de llamarlo, él hubiese estado presente pero en ningún momento se le llamó, en ningún momento se le avisó”, insistieron.
Los letrados respondieron a preguntas de la prensa apostada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva de Santo Domingo, donde Rodríguez ingresó ayer para esperar medidas cautelares junto al resto de detenidos durante la operación Medusa, que comenzó en la noche del lunes con una serie de registros y apresamientos.
“Un allanamiento es una medida sorpresiva”, si la persona objeto del mismo se entera y “abandona el lugar, no tiene sentido, porque lo que se persigue con el allanamiento son hallazgos”, dijeron los representantes legales, que indicaron que Rodríguez se encontraba en fuera de su casa por la celebración del cumpleaños de su hijo.
Asimismo, manifestaron su preocupación por la seguridad de su representado si ingresa en dependencias penitenciarias, dado el cargo que ostentó durante cuatro años (2016-2020) al frente del órgano persecutor.
“Nosotros entendemos que sí (puede correr peligro) porque él fue el director de la persecución contra el crimen durante cuatro años”, circunstancia que “debiera tomarse en cuenta” si el exprocurador cumpliera pena de prisión.
En cuanto al estado de ánimo de Rodríguez, sus representantes indicaron que la última vez que pudieron verlo, en el día de ayer, “él tenía un buen estado de ánimo, estaba dispuesto a afrontar esta situación”.
Rodríguez se presentó voluntariamente en la Procuraduría General de la República este martes, después del arresto de varios exfuncionarios del órgano persecutor y de que las autoridades allanaran su residencia en la noche del lunes.
El grupo está imputado por presunta coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos, supuestos delitos que el Ministerio Público investiga desde hace “varios meses”.
Las autoridades de la Procuraduría General de la República aún no han presentado formal acusación contra los imputados, ni han solicitado medidas de coerción.
EFE
