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Acusan a Andrés Astacio de estafa al Estado por casi 7 millones de dólares

Surun

La Fundación Primero Justicia, presentó una querella formal en contra del vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Andrés Astacio, por supuesta estafa agravada en contra del Estado Dominicano por US$6,915,000.00 de dólares.

El documento cita además los cargos de prevaricación, asociación de malhechores y lavado de activos mediante la adjudicación fraudulenta, de grado a grado, de contratos con la participación de los abogados Miguel Ernesto Valerio Jiminián, Luis Julio Jiménez y Ramón Emilio Núñez.

Según la organización, dichos convenios obligan a EDESUR, EDENORTE Y EDESTE, a pagar a 5 oficinas de abogados vinculadas al anterior gobierno, la suma de US$6,915,000.00 de dólares.

La fundación afirma que sin autorización del Consejo de Directores, fueron pagados  RD$3,000,000,000.00, equivalentes al 6% del monto recuperado partiendo de los daños, estimados en RD$50,000 millones de pesos; en violación de la Ley 340-06, tal y como lo confirmó la resolución No. RIC-69-2021, de fecha 24 de marzo del 2021, emitida por la Compras y Contrataciones;

El presidente del Colegio de Abogados, Surun Hernández, dijo que las contrataciones públicas realizadas de grado a grado, en violación de la ley 340-06, constituyen el “modus operandis” de las organizaciones criminales dedicadas a la sustracción de fondos públicos.

Añadió que resulta sospechoso que se suscribieran contratos en moneda extranjera, cuando dicha práctica fue prohibida, con el agravante que los referidos contratos contemplan exorbitantes compromisos de pago no autorizados por los consejos de administración, como es el 6% del monto recuperado, y su liquidación sobre el valor de los bienes incautados o embargados, en caso de terminación contractual o en caso de venta de las EDES.

El abogado indicó que la Fundación Primero Justicia, Inc., tiene la seguridad de que dichas acciones, no cuentan con la anuencia del Presidente Luis Abinader, a la vez que hace un llamado al Ministerio Publico, para que defienda el patrimonio estatal, iniciando las pesquisas de lugar.

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