La comisión de género de Alianza País en Santiago rechaza de manera categórica el proyecto de Ley aprobado en la Camara de Diputados porque viola los derechos humanos de la población, y de manera muy particular, los derechos de la Mujer cuando la condena a morir aunque las evidencias científicas muestren la necesidad de producir una interrupción del embarazo para salvar la vida de la Mujer gestante.
El Senado de la República debe rechazar el Proyecto de Ley aprobado en la Cámara de Diputados, y en su lugar, incluir las Tres causales , para que no continúe repitiéndose el círculo vicioso de muerte a la Mujer, como recientemente ocurrió, nueva vez, con la vida de Winifer Núñez, quien falleció por complicaciones obstétricas, a pesar de conocerse el diagnóstico previamente, y de las advertencias de la inviabilidad de ese embarazo.
De igual forma, nos pronunciamos en rechazo a ese Proyecto de Ley que niega el derecho a la orientación sexual, dado que su aprobación perpetuaría el trato discriminatorio contra las personas. La pieza legislativa al no incluir la identidad de género u orientación sexual como causas de discriminación deja abierta la posibilidad de normalizar la violencia social, económica y estructural de que es objeto esta población.
Es inconcebible además, que la propuesta de ley permita como excusa para cometer actos discriminatorios los motivos religiosos y otras razones consideradas institucionales. Tales medidas contradicen de manera expresa la Constitución de la República la cual prohibe todo tipo de discriminación en su artículo 39: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades”.
Indican que el texto propuesto contradice igualmente a la Constitución al señalar dentro de los motivos de discriminación las razones de sexo, excluyendo aquellas de género, como categoría socialmente construida, razones explícitamente prohibidas en nuestra Carta Magna. “Hace alrededor de 35 años que se implementan políticas de igualdad de género desde el Estado, y consideramos altamente preocupante estos “retrocesos jurídicos” por las repercusiones institucionales y el disfrute de derechos para asegurar una vida en democracia”, manifestaron.
