“No tenemos atribuciones judiciales. Esta denuncia está donde debe estar, en la Procuraduría General de la República”. Es parte de las conclusiones a las que llegó la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) sobre la denuncia por el supuesto cobro de prestaciones laborales a empleados desvinculados del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd).
Tras la denuncia de Yolandita Cabrera, madre de la desaparecida Carla Massiel, que supuestamente desde el Minerd le cobran un 30% de lo que le corresponde como parte de sus prestaciones laborales tras ser desvinculada de dicha entidad, la Dirección de Ética considera que “tranquiliza” que Cabrera haya ido a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Minerd por ponerse a disposición de los investigadores.
De acuerdo a una nota de prensa, la Digeig califica la supuesta extorsión, que asciende a 1,185 millones de pesos, según los abogados de Cabrera, como “la más amplia, colectiva, silente y masiva que se haya realizado en la República Dominicana”.
De todos modos, Ética entiende que, pese a no llevar la investigación respecto al caso, hubiera hecho lo propio por no contar con las atribuciones judiciales sobre el particular.
Se recuerda que la denuncia de Cabrera establece que a 39,500 servidores públicos le pedían 30 mil pesos de sus prestaciones laborales a cada uno para agilizar el pago que les corresponde por ley tras su desvinculación del Minerd.
