Por Javier Herrera. La supuesta extorsión desde el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) sobre el cobro del 30% de las prestaciones laborales a empleados desvinculados para agilizar el pago que le corresponde por ley, es la más amplia, colectiva, silente y masiva que se haya registrado en el país.
La calificación es de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), entidad que considera como “tranquilizante” que hayan denuncias en la Procuraduría General de la República (PGR) y que el Minerd, además, se haya puesto a disposición de las autoridades para colaborar con la investigación del caso.
“Solo un extorsionado o extorsionada es suficiente para justificar la denuncia de referencia cuya dimensión solo es comparable con los cobros de contribución a los partidos políticos impuestas a los servidores públicos en el pasado”, considera la Digeig.
La supuesta extorsión, de acuerdo a Yolandita Cabrera, madre de la desaparecida Carla Massiel, se basa en el cobro de un 30% de las prestaciones laborales no sólo a ella, sino para otros 39,500 servidores públicos, lo que representa 1,185 millones de pesos.
De su lado, Ética entiende que, pese a no llevar la investigación respecto al caso, hubiera hecho lo propio por no contar con las atribuciones judiciales sobre el particular.
En ese sentido, considera que la denuncia está en el lugar correcto, que es en la Procuraduría General de la República.
