El voto de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, si se lograra consagrar en una eventual reforma a la Constitución de República, no sería determinante en unas elecciones nacionales, pues representa el 1% del electorado.
El padrón de electores de la Junta Central Electoral, al corte de mayo del 2020, era de siete millones 529 mil 932 de votantes.
Los efectivos de las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada Dominicana) son e 44 mil, que sumado a los 38 miembros de la Policía Nacional serían 82 mil, un 1% del padrón de votante.
Este porcentaje podría reducirse aún más, si se toma en cuenta que las próximas elecciones serían en el 2024 y en tres años, los electores crecerían en mayor proporción al número de efectivos que se enrolen en los cuerpos armados.
La Constitución relega a militares y policías a ciudadanos de segunda clase y los ubicas dentro del grupo, por no poder votar, de los que han perdido los derechos de ciudadanía o se encuentren suspendidos en tales derechos, conforme al párrafo del Artículo 208.
El Artículo 208, referente al Ejercicio del sufragio, dice: “Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto,. Se exceptúan militares y policías.
Mientras que el Artículo 21 de la Constitución sobre Adquisición de la ciudadanía, establece que: “Todos los dominicanos y dominicanas que hayan cumplido 18 años de edad y quienes estén o hayan estado casados, aunque no hayan cumplido esa edad, gozan de ciudadanía”.
El Artículo 22, sobre derechos de ciudadanía., dice: “Son derechos de ciudadanas y ciudadanos: 1) Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución; 2) Decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo; 3) Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes; 4) Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto; 5) Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo”.
Hace ya 43 años que se prohibió a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ser electores, en la reforma Constitucional auspiciada por el Gobierno de Antonio Guzmán Fernández de 1978.
Para la época se justificaba en el hecho de que los cuerpos armados tenían una acción activa de persecución contra la oposición durante el régimen de los 12 años de Joaquín Balaguer.
También era la época de la posguerra civil de abril del 1965 y habían pasado 15 años del golpe de Estado militar que derrocó el Gobierno constitucional y democrático de Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano.
También en el ambiente de los 70, el pensamiento militar estaba muy influido de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, pues los mandos y jefaturas estaban en manos de oficiales formados en los organismos castrenses y policiales del régimen del jefe.
Esto produjo choques violentos de militares frente a la juventud de entonces, que estaba muy influenciada por las ideas de libertad y comunista de la Revolución Cubana, del régimen de Fidel Castro.
Casi desde el nacimiento mismo de la República los militares tenían el derecho de elegir, pues en la Constitución de 1854, 10 años después de la independencia, en su Artículo 31 otorgaba el derecho al sufragio a los oficiales del Ejército de tierra o mar. Para la época no existía la Fuerza Aérea.
Luego este ejercicio fue coartado en la reforma constitucional del año 1924, cuando se estableció en el artículo 80, ordinal 2, la prohibición de ejercer el derecho al sufragio a los pertenecientes a las fuerzas de mar y tierra en activo servicio, y los que pertenezcan a los cuerpos de Policía Nacional y Municipal.
Eddy Olivares, exmiembro de la Junta Central Electoral, propone que en el marco de la reforma Constitucional, del cual está apoderado el diálogo nacional, en el seno del Consejo Económico, se establezca nueva vez el derecho al voto de militares y policía.
