La justicia dominicana ha dado muestra de que los actos delictivos, ilícitos y de corrupción no quedarán impunes, sin importar quien esté ligado o involucrado en el proceso judicial.
Durante la administración del presidente Luis Abinader, hasta el momento van tres los diputados que se encuentran involucrados en actos ilícitos relacionados con lavado de activos y red de narcotráfico que están siendo investigados, unos sin despojarlos de su inmunidad parlamentaria y otro en el peor de los casos, privado de libertad fuera del país.
El Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se ha encargado de investigar, allanar y proceder para desarticular esos flagelos, cuyos involucrados, en algunos casos sorprende por sus funciones públicas dentro del Gobierno, como es el caso de Rosa Amalia Pilarte, quien es diputada de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM); Miguel Gutiérrez Díaz, diputado por el PRM de la provincia Santiago y recientemente, Héctor Darío Feliz Feliz, diputado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de la provincia Pedernales.
Diputado de la provincia Pedernales
Este miércoles, la directora general de la Pepca, Yeni Berenice Reynoso, reveló que dentro de la Operación Falcón, en una acción contra el narcotráfico y el lavado de activos en la que participan más de 200 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otro amplio personal de la DEA, el diputado Héctor Darío Féliz Féliz movilizó en su vehículo a un extraditable que tenía un cerco montado.
Reynoso manifestó que mientras se desplegaba la operación, Féliz Féliz ayudaba a uno de los arrestados e indicó que el Ministerio Público entiende que el legislador hizo el desplazamiento “con la intención de sustraer al extraditable de la investigación”.
Detalló que en ese contexto el órgano de la persecución penal procedió al registro del vehículo de Féliz Féliz y a arrestar a la persona que pretendía proteger. “El referido legislador está bajo investigación y no fue arrestado en la madrugada de hoy por la única razón de que tiene inmunidad (parlamentaria) y esta inmunidad impide que el Ministerio Público proceda al arresto”.
“Es el diputado Féliz Féliz. Es un diputado que el Ministerio Público reitera que está bajo investigación y procederá en la jurisdicción competente, que es la Suprema Corte de Justicia”, apuntó.
Asimismo, reiteró que no ha sido arrestado por su inmunidad parlamentaria; sin embargo, eso no impidió que el Ministerio Público arrestara al extraditable.
Diputada de La Vega
El Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial para el control de la investigación sobre el lavado de activos del narcotráfico imputado a la diputada Rosa Amalia Pilarte López, integrante de la red que lidera su esposo, Miguel Arturo López Florencio, alias Micky López.
La legisladora se encuentra en un sub judice, que en latín significa “bajo un juez”, lo que significa su caso o asunto en particular está siendo juzgado o considerado por un juez o tribunal.
Sin embargo, la legisladora se encuentra a la espera de que le asignen un nuevo juez para que lleve su caso.
En un principio, Inocencio Amador Espinosa, procurador adjunto, remitió un oficio al presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina, con el fin de que la alta corte designe a un juez para conocer la fase inicial en el proceso contra la legisladora.
El procurador adjunto explicó que remite la solicitud debido al privilegio de jurisdicción que le asigna el ordenamiento jurídico nacional a la representante de la provincia La Vega, en virtud de su función, por lo que las diligenciales procesales en su contra se deben conocer al nivel de la Suprema Corte de Justicia.
Amador Espinosa lleva las investigaciones sobre el caso de Pilarte López desde que la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, le instruyó para llevar este caso, mediante Auto 000051, del 11 de junio de este año.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Luis Henry Molina Peña, designó este martes al magistrado Napoleón Ricardo Estevez Lavandier para ser juez de instrucción especial en la investigación que está cursando la Procuraduría General de la República a la diputada Rosa Amalia Pilarte López.
Mediante el Auto 9-2021, de fecha 6 de julio de 2021, el presidente de la SCJ procedió a designar al magistrado Estévez en virtud de las disposiciones del artículo 17 de la Ley núm. 25-91, del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia y sus modificaciones, la cual dice que es competencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia cursar los expedientes según su naturaleza a los organismos correspondientes para su solución.
El Ministerio Público había solicitado el pasado lunes 5 de julio la designación de un juez de la instrucción especial de la SCJ con la finalidad de obtener todas las autorizaciones judiciales y medidas cautelares necesarias que pudieran derivarse como consecuencia de la investigación en el caso de la diputada Rosa Pilarte.
Según el MP, la diputada se prestó para colocar en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabeza su pareja sentimental y “no puede justificar la integración a la economía dominicana de esa cantidad de dinero”.
Resalta asimismo que el máximo salario que ha tenido la imputada por su trabajo de odontóloga en el Servicio Nacional de Salud (SNS) es de $36,120 así como también percibe RD$30,000 a través de la compañía Servi Crédito Gloria Ivette, empresa fachada en la que figuran como accionistas López Florencio y el hijo de ambos, Miguel Arturo López Pilarte, también imputado por este caso.
El MP le atribuye la violación a la Ley 155-7, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, en el artículo 3, numerales 1, 2 y 3, y los artículos 6 y 9, numerales 1 y 2.
Diputado preso en Miami
El diputado por le Partido Revolucionario Moderno (PRM) de la provincia Santiago, Miguel Gutiérrez, fue apresado el pasado 18 de mayo por autoridades norteamericanas al llegar al aeropuerto de Miami.
El motivo de su apresamiento se debió a una acusación formal que establece que desde 2014 hasta 2017 formó parte de una red de narcotráfico que se extiende desde República Dominicana hasta Colombia y Estados Unidos.
Actualmente, el gobierno de República Dominicana está colaborando con las autoridades de los Estados Unidos para aportar en las profundizaciones de la investigación.
La Fiscalía de EE.UU. pidió a una corte del Sur de Florida retrasar para abril de 2022 el juicio contra el diputado dominicano Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, detenido desde mayo pasado en Miami, donde enfrenta cargos de narcotráfico.
