Miles de cubanos salieron a las calles para pedir libertad y mejores condiciones de vida en las históricas protestas del 11 de julio, que dos meses después dejan lecciones como la necesidad de enfrentar abiertamente la pluralidad y establecer diálogos con sectores “difíciles” para el Estado.
La respuesta del Gobierno ha sido “esperable” y “ha seguido alguno de los cursos que sabe manejar abriendo algún tipo de canal de diálogo”, aseguró a Efe el investigador cubano Julio César Guanche.
Sin embargo, el primer reto que tiene ante sí el ejecutivo presidido por Miguel Díaz-Canel “es enfrentar abiertamente la pluralidad cubana y establecer diálogos con sectores difíciles y diferentes al gubernamental”.
El otro gran desafío, clave para ese diálogo según el entrevistado, es “revisar la situación judicial y legal de los detenidos, los juicios sumarios y reconocer el derecho de manifestación pacífica”.
Según el profesor, no actuar sobre ello “seguiría siendo un gran problema para esa misma posibilidad de diálogo que el Gobierno está tratando de desarrollar”.
CIENTOS DE ARRESTADOS
Las protestas, inéditas en más de seis décadas, estallaron hace dos meses por la escasez de alimentos, los apagones y los efectos de la crisis económica agravada esta vez por la pandemia y el recrudecimiento del embargo de EE.UU.
A esas manifestaciones, que incluyeron marchas pacíficas, enfrentamientos con la policía y saqueos puntuales en algunas localidades, siguió una ola de detenciones de cientos de personas críticas con el Gobierno, desde ciudadanos anónimos hasta artistas, activistas opositores y periodistas independientes.
Entre ellos destacan los conocidos opositores José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara, que siguen en la cárcel, al igual que el artista Hamlet Lavastida.
Instituciones y organizaciones internacionales, entre ellos la UE, EE.UU., Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han condenado los arrestos y han instado a Cuba a liberar a los detenidos, cuyo número exacto no se ha revelado pero ONGs los cifran en más de medio millar.
Hasta el momento 62 personas han sido juzgadas y el delito predominante -imputado a 53 de los procesados- ha sido desorden público, aunque también hay acusaciones de desacato, resistencia, instigación a delinquir y daños, según el diario oficial Granma.
Las penas para esos delitos van de tres meses a un año de prisión o multas de hasta 300 cuotas o ambas, acorde al Código Penal cubano.
El magistrado del Tribunal Supremo Popular Joselín Sánchez dijo al diario oficial Granma en agosto que la Fiscalía recibió 215 reclamaciones después del 11 de julio, principalmente para saber dónde estaban los detenidos.
NUEVAS LECTURAS DE UN VIEJO PROBLEMA
El Gobierno, que señala a EE.UU. como culpable de su crisis económica e instigador de las protestas, ha anunciado desde el 11 de julio algunas concesiones para la población, desde la eliminación de aranceles a la importación particular de medicinas hasta el aumento de la cuota de arroz a precio subvencionado en la cartilla de racionamiento.
También ha retomado los intercambios con sectores sociales escogidos, visitas a comunidades vulnerables y nuevas promesas para solucionar viejos problemas.
“Hay algunos caminos iniciados por el Gobierno que tienen que profundizarse y, en algún sentido, también renovarse, no solo seguirlo”, valoró Guanche.
El 11 de julio sacó a la luz pública la acción colectiva, un actor que “no existía como tradición en Cuba” y mostró además la complejidad de los límites de la promesa constitucional del Estado de Derecho, refirió el ensayista.
Reflejó igualmente “la necesidad imperiosa de promulgar las leyes de protección de Derecho Constitucional y de completar esa promesa que en gran medida entró en contradicción por la respuesta del gobierno ante las protestas”, añadió.
El analista cubano enfatizó que el reclamo de esos cubanos que salieron a las calles obligó a considerar de una manera bien distinta el consenso cubano y tomar en cuenta la pluralidad y lo que el Estado ve como “diferente”.
Fuente: EFE
