Con los allanamientos practicados este miércoles en Santiago, el Ministerio Público compiló nuevas evidencias que vinculan a otras personas con la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón, aseguró la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
“En los allanamientos de hoy, podemos decir, porque ustedes saben que en esta fase no debemos ofrecer muchas informaciones, que hemos recopilado evidencias que vinculan a otras personas y que amplían de manera fundamentada esta compleja investigación”, adelantó la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, al salir de la audiencia en la que un tribunal conoce la medida de coerción contra 23 de los imputados como resultado de la Operación Falcón.
La jueza Iris Borges, tras rechazar un pedimento de recusación presentado por varias de las defensas, suspendió hasta el lunes 27 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la medida.
Antes de recusar, las defensas presentaron varios incidentes, alegando falta de jurisdicción de la jueza y del tribunal, así como del territorio donde se debe conocer la medida.
Sobre los múltiples incidentes presentados por las barras de defensa, Reynoso resaltó que, desde el principio, los abogados de los imputados rehúyen a que se conozca la medida de coerción, debido a que reconocen la fortaleza de la investigación realizada durante casi un año por los órganos de persecución del Ministerio Público.
Recordó que dos solicitudes de aplazamientos fueron acogidas porque la defensa alegaba que desconocía toda la acusación, pese a que tuvo acceso a los documentos presentados por el Ministerio Público.
“La defensa, después de largos debates y de varios días de incidentes, cuando ya no tenían más incidentes, recurrieron a una táctica vieja, obsoleta, ampliamente conocida, que es una recusación, infundada, sin ningún fundamento jurídico”, lamentó.
“Pero, mientras la defensa sigue recusando, el Ministerio Público sigue allanando, buscando más evidencias, ocupando más bienes”, añadió Reynoso.
“La estrategia de la defensa no va a detener a que este equipo, que trabaja en varias líneas de investigación, siga como al día de hoy, haciendo allanamientos, buscando a las personas que faltan por ser arrestadas, recopilando más evidencias de esta mega estructura del crimen organizado”, sostuvo.
Observó que los ataques a los jueces que llevan procesos contra bandas criminales, son comunes. “El crimen organizado se comporta así, no es atípico que el crimen organizado ataque los jueces, esto es producto de una tradición propia de la conducta que se exhibe en este tipo de caso”, dijo.
“Pero nosotros estamos preparados para, como lo hemos demostrado, defender nuestra solicitud, y para seguir fortaleciendo el proceso y la investigación”, sostuvo Reynoso.
En el caso están imputados María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.
También, José Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
Contra el grupo arrestado este mes el Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la declaratoria de “caso complejo” y prisión preventiva por 18 meses contra los arrestados en la Operación Falcón, quienes son acusados de integrar una red criminal que se dedicaba al lavado de activos del narcotráfico.
Según ha establecido la investigación que realizan la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Fiscalía de Santiago, con el apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos, la amplia red criminal de narcotráfico y lavado de activos movilizó grandes cargamentos de cocaína ocupados en el país y en Puerto Rico.
Tenía como centro de mando, control y lavado de activos a la provincia de Santiago.
En este caso han sido ocupados más de cien vehículos de motor, más de cuatro millones de dólares, bienes inmuebles y estaciones de combustibles.
La audiencia para conocer la coerción a los imputados, que estaba fijada para las 10:00 de la mañana, inició hora y media después, cuando la jueza Iris Borges subió al tribunal y dio paso a los pedimentos de oposición de los abogados, ya que había suspendido la audiencia anterior tras dar conocer su rechazo a un recurso presentado por las defensas de los encartados, quienes han presentado múltiples incidentes desde el inicio del proceso.
El Ministerio Público rechazó la oposición y solicitó a la magistrada ratificar su decisión. La jueza Borges, luego de acoger la solicitud del Ministerio Público, ratificó su decisión del pasado lunes mediante la cual rechazó el cambio de jurisdicción al Distrito Nacional, así como no declararse incompetente para conocer el proceso ni proceder con el cambio a la jurisdicción privilegiada en virtud de que los legisladores vinculados al caso todavía no tienen un proceso abierto.
Durante la audiencia, ante el sometimiento de un nuevo recurso por el supuesto desconocimiento del auto que designa a la jueza, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso dijo: “lo que la defensa pretende es un fraude al tribunal, pues ahora alegan desconocer el auto de la designación de la jueza, cuando la mayoría de los argumentos de la defensa para cuestionar su designación como jueza han sido fundamentados sobre ese auto”.
En tanto que el procurador adjunto Wilson Camacho, quien se integró este miércoles al equipo litigante del Caso Falcón, expresó que “el tema de la competencia del tribunal ya estaba cerrado porque había sido juzgado”, lo cual fue acogido por la magistrada Borges al ratificar en todas sus partes de su decisión sobre la competencia del tribunal.
Después de dar a conocer la decisión, la magistrada Borges ordenó un receso hasta las 4:00 de la tarde y alrededor de las 6:00 la defensa la recusó, lo cual rechazó y ordenó la suspensión de la audiencia hasta el próximo lunes 27 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana.
El conocimiento de la medida de coerción contra los hermanos Alberto de Jesús Polanco (El Prieto) y Alberto Enmanuel de Jesús Polanco (Many) fue fijada para este jueves, a las 3:00 de la tarde, a la misma hora en que también se conocerá la medida contra Enerio Rafael Sandoval Valdez y Juan Carlos Mosquea Eduardo, que fue aplazada el pasado martes.
