Empleados del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y de los Comedores Económicos del Estado nombraron a sus familiares en esas instituciones, evidenciando que la mala práctica del nepotismo no es exclusiva de funcionarios de alto nivel.
De acuerdo a lo revelado en el programa Nuria Investigación Periodística, en la nómina del personal fijo del ASDE correspondiente a agosto de 2021, figuran el encargado de Plazas y Parques, Ricardo Martínez Céspedes, con un salario de 40 mil presos y su esposa Gloria Martínez, supervisora de gestión humana con 20 mil pesos, quien también devenga un salario de 16,500 pesos en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, según la página web de consulta de empleados públicos de la Contraloría General de la República.
Junto a ellos, la hija de Gloria Martínez, Jafreisee María Cepeda Martínez, quien fue designada como supervisora de plazas y parques con un sueldo de 20 mil pesos y su primo, Rafael Martínez, operario con 11 mil pesos. El encargado de la División de Ornato del referido ayuntamiento, Diógenes Núñez, devenga un salario de 26 mil pesos y su hija, Dalia Michelle Núñez se desempeña como secretaria del Departamento de Plazas de Parques del mismo cabildo, ganando 15 mil pesos mensuales.
Al solicitar una entrevista con un representante del cabildo, la Dirección de Comunicaciones envió un comunicado en el que aseguró que “una vez recibida la denuncia, procedimos de inmediato a investigar y a validar en la Dirección de Recursos Humanos las informaciones para ejecutar las medidas que sean necesarias”.
En el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), han sido beneficiados con puestos varios familiares de la subdirectora de esa institución, Lisette Lidania Jiménez de Campusano, la cual tiene un salario de 175 mil pesos; al igual que su madre, Mercedes Lantigua Varona, quien aparece en la nómina de agosto de este año como asesora devengando 70 mil pesos; su tía Luz Rosamny Liberett Lantigua Varona, analista de riesgo financiero con 40 mil pesos; y sus primos Elizabeth García Jiménez, quien gana 31 mil 250 pesos como fiscalizadora; Solibel Albania Lantigua Rodríguez, secretaria con 22 mil pesos; Raquel Diné D Oleo, fiscalizadora con 35 mil pesos; Franyely Elizabeth Varona Santos, analista de compras con 30 mil pesos; Luz Cristina Diloné Lantigua con 25 mil pesos; y Edwin Manuel Jiménez Grullón, encargado con 45 mil pesos.
Nuria Investigación Periodística conversó vía telefónica con el presidente administrador del Idecoop, Franco de los Santos Abreu, a los fines de que aclarara la situación, quien reconoció que “no tenía conocimiento de las otras personas. La mamá estaba en una situación que ella tuvo que coger licencia porque tenía su esposo enfermo en Estados Unidos y yo la puse para que me ayudara como asesora por tres meses y se me quedó ahí”.
Al ser consultado sobre el tema, el abogado Francisco Álvarez consideró que “poco importa que una persona necesite o no ayuda. Incluso hay métodos para tú ayudar a esa persona de manera institucional o vía el Estado que no son darle un trabajo”. Sostuvo que “la Ley de Función Pública, claramente, dice que es una incompatibilidad con un cargo público el hecho de que tú puedas beneficiar de manera directa o indirecta a un familiar, allegado, cónyuge o cualquier persona con la que se tenga alguna relación”.
El artículo 3 de la referida Ley establece que el ejercicio de la función pública debe estar regido por principios fundamentales como el mérito personal, demostrado en concursos internos y externos, evaluación de su desempeño y otros instrumentos de calificación. También indica que debe sustentarse en la igualdad de acceso.
Tan pronto atendió la llamada del programa de investigación y se percató de la situación, el presidente administrador del Idecoop, dispuso la cancelación de Lida Mercedes Lantigua Varona, Luz Rosamny Leribett Lantigua Varona y Franyely Elizabeth Varona Santos.
“Disponer la cancelación de una persona, luego de una denuncia como la que ustedes están haciendo, es casi una admisión de culpa de que lo que estaba siendo denunciado era así y eso no le liberaría a esa persona de la sanción”, explicó el jurista consultado.
Otro caso presentado fue el de los Comedores Económicos del Estado, en cuya nómina del personal fijo correspondiente al mes de agosto de este año, se encuentra el inspector José Benjamín Franklin Fernández Carrasco, con un sueldo de 40 mil pesos y su esposa, Glehany Yafreysys Azcona Torres, como encargada de la institución en Santiago Rodríguez, con 35 mil pesos; y su tía, Norma del Carmen Infante Torres de Jiménez, con un salario de 16 mil 500 pesos como secretaria y cuya hija Anna Mauricelys Jiménez Infante, figura como conserje devengando 11 mil pesos y quien supuestamente acude a la institución a laborar, pero en pleno horario laboral contesta las llamadas en Inversiones Exprés, una financiera ubicada en Santiago Rodríguez, propiedad del matrimonio Fernández-Azcona.
Al ser contactada vía telefónica, esta fue la explicación ofrecida por Anna Mauricelys Jiménez Infante, conserje Comedores Económicos: “Te voy a explicar porque salgo en el número de Inversiones Exprés. Como yo trabajaba en los Comedores Económicos también, la oficina es de José Fernández, el subdirector, entonces como hacía política con él, trabajaba con el ahí primero y después en Comedores”.
El abogado Francisco Álvarez planteó la importancia de dejar de ver el Estado como una billetera personal. “El nepotismo es reprochable porque tú estás utilizando fondos que no son tuyos sino de la comunidad, del colectivo, para beneficiar a personas por ese vínculo que tienen directamente contigo que no eres el dueño de eso”, dijo.
“En esos rangos de 40 mil y 50 mil pesos para abajo hay menos supervisión. Los ojos de nosotros, la sociedad, están en esos funcionarios que están ahí arriba pero normalmente los que están abajo pasan desapercibidos. Entonces pudiera ser que ahí se deba prestar un poco más de supervisión, aunque siempre va a recaer sobre la misma administración porque no somos necesariamente los ciudadanos los que debemos estar arriba de eso”, sostuvo.
El especialista en derecho preventivo lamentó que pese a que estos actos ocurren con mucha frecuencia y en todos los niveles de la administración pública, el país no ha sido efectivo en la lucha contra el nepotismo. Destacó varios retos, entre ellos, que esta acción no está tipificada en el Código Penal y solo está contemplada en la Ley 41-08 de Función Pública y en el artículo 102 de la Constitución de la República. “Necesitamos, vamos a decir, una renovación en lo que es el cuerpo legislativo vinculado al nepotismo porque la sola voluntad no es suficiente”, manifestó.
Explicó que otro problema radica en la ausencia de un sistema interconectado de alertas o controles fuera de las instituciones que permitan, por ejemplo, identificar que miembros de una misma familia han sido designados en una institución del Estado.
“Como esa alerta no se genera de manera automática, tenemos el problema de que dependemos de una supervisión personal que normalmente está vinculada a la institución que evidentemente eso ocurre ante sus ojos”, puntualizó.
A continuación, reporte programa Nuria Investigación Periodística.
